El presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado la denominada Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos, donde propone una reglamentación a los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí se fija en el apartado II, articulo 6, un sueldo límite de todo funcionario público (contemplando previamente todas las modalidades, incluyendo a los Tres Poderes de la Unión) y utilizando como referente el sueldo del Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos. De manera textual el apartado dice lo siguiente:
“I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”
Esto viene a conectar excelente con el enojo y las emociones ciudadanas, pero no con la estructura política que nos ha costado décadas construir. Es cierto e innegable que los ciudadanos se encuentran hastiados de las diferencias entre lo que denominamos la clase política, se les considera poco productivos y además muy costosos. Todo ciudadano quiere ver rendir mejor su dinero y de paso ver que se terminen lo que se consideran sueldos excesivos y poco justificados.
De fondo este planteamiento tiene dos problemas grandes, el primero es que el presidente se toma como figura prioritaria y referente y por encima de los otros dos poderes, que en teoría deberían suponerse al mismo nivel que el ejecutivo. En la práctica sabemos que no hemos logrado superar el presidencialismo y que aún existe invasión en los poderes, pero no al nivel que hoy se plantean.
El segundo problema es que sin duda se vulneran las garantías laborales de algunos funcionarios que deben confrontarse en gran medida con grandes poderes, muchas de las veces económicos. Tal es el caso de los magistrados y jueces del poder judicial, de quienes con justicia podemos decir que deben estar en un estado de seguridad social y económica para evitar ser superados por los temas que abordan.
En mi postura personal no soy enemigo de los grandes sueldos, siempre y cuando estos se analicen y sean proporcionales a la tarea realizada y a la eficiencia. Más que preocuparnos por bajar sueldos, deberíamos ocuparnos de medir el desempeño de los funcionarios y elevar los sueldos de la ciudadanía en general, preferible tender a la riqueza (moderada y saludable) que desearlos a todos pobres.
De lo que si francamente deberé oponerme en este escrito y espero esté usted de acuerdo amigo lector, es que no podemos volver a un presidencialismo ramplón. Del que nos ha costado décadas salir, contrario a ello tendríamos que buscar un escenario más parecido a un parlamento, donde el poder se centré aún más en las voces de las entidades federales, antes que en un sólo individuo.
El grave problema de esta disposición es que trata de dar un poder exagerado al presidente y ponerlos por encima de los otros poderes, cosa que ya el mismo John Locke, uno de los impulsores de la división de poderes, había caracterizado como una condición de las monarquías. En esos términos no podríamos aprobar que el presidente se superponga a los otros poderes, más bien necesitamos generar las condiciones para el equilibrio.
