-A sus siervos no les importa quebrantar la ley
Con apenas 267 votos a favor y 210 en contra, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un decreto que blinda legalmente la difusión de la consulta para la Revocación de Mandato que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un procedimiento legislativo fast track, con la dispensa de todo trámite en comisiones, la propuesta aprobada no modifica la redacción actual de la ley electoral ni la de revocación de mandato, simplemente se agrega al cuerpo del marco normativo un “decreto” del Legislativo que “interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental”.
Se trata de un albazo, no avisaron en ningún momento, presentaron su iniciativa saltándose todos los procedimientos y al final se aprobaron solitos.
El novedoso “alcance del concepto de propaganda” de este decreto permitirá a todos los funcionarios participar en el proceso de revocación de mandato y también en todos y cada uno de los procesos electorales, lo cual está prohibido por la Ley. Se trata de una disposición que otorga al gobierno actual una clara ventaja de la que no gozaron los gobiernos anteriores. En efecto, la limitación al concepto de propaganda fue algo que pidió el propio Presidente, cuando era oposición, en aras de lo que él suponía era un trato justo en las campañas.
Esta prohibición está directamente vinculada a los principios de libertad y equidad. Protege, en primer lugar, la libertad de los ciudadanos. La mayor parte de los beneficiarios de programas sociales verán coartada su libertad porque la persona que le entrega el apoyo del programa será la misma que en otro momento le entregará el volante a favor de Morena.
Esto es una clara violación a la Constitución. Viola claramente el artículo 105 constitucional que dice que, en materia electoral, iniciado el proceso no puede haber ya modificaciones. Violaron también el proceso legislativo (art. 72 Const.) pues se saltaron todos los pasos para su discusión. Se trata claramente de un acto formal y materialmente legislativo, pero suponiendo sin conceder que eso fuera cierto, entonces, siguen violando el artículo 35 fracción IX que se refiere al proceso de revocación y que establece que el Instituto Nacional Electoral es el que interpreta la Ley y no los diputados de Morena o de cualquier otro partido, a través de ningún decreto.
Falta la aprobación del Senado, pero eso no cambia el hecho de que es inconstitucional por el lado por el que se mire. La falta de límites de quienes integran Morena les ha dejado en el penoso papel de festejar las imposiciones de manera cínica y hasta poco digna.
