La Profepa indicó que en México hay hasta 122 zonas críticas donde se tiene detectada la tala ilegal, de las cuales cinco corresponden a los municipios de la Sierra Tarahumara; principalmente en Guadalupe y Calvo, Guachochi, Balleza y otras localidades de esta región; hecho que según los estudios de una empresa española representa una amenaza ambiental y económica para la región de Parral y su industria maderera.
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales afirma que una Zona Crítica Forestal (ZCF) tiene como características una alta incidencia en la tala clandestina, que es cometida o relacionada con grupos de delincuencia organizada en donde el aprovechamiento ilegal forma parte de delitos asociados, tanto del fuero común como del fuero federal, es decir robo, secuestro, entre otros.
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Con base en la información, Chihuahua tiene cinco ZCF como lugares de mayor riesgo, siendo los éstos los municipios más grandes de la Sierra Tarahumara; Guadalupe y Calvo, Balleza y Guachochi, región que cuenta con miles de hectáreas de recursos forestales.
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Según los datos desglosados en el portal de información de la Semarnat, se indica que hay 28 estados de la República que resienten esta situación, donde se destaca que Veracruz lleva la cabeza en la lista, con nueve; Jalisco y Guanajuato ,le siguen con siete; Sinaloa dos, Tlaxcala y Nuevo León una respectivamente.
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En Chihuahua esta situación se agravó en las últimas dos décadas, ya que los datos indican que en 1997 se tenía un registro de dos zonas críticas para la actividad forestal; dato que casi se triplicó en los últimos años; dado que la información más reciente indica que hay cinco ZCF.
Hasta 2008 el dato se mantuvo en solo dos; que para el 2009 se duplicó a cuatro, cifra que se mantuvo hasta 2019 en que se sumó otro incidente adicional a la estadística pública de la Semarnat.
Según la propia información de la Semarnat, se considera que la debilidad del Estado de Derecho y la inactividad en los gobiernos pasados generaron corrupción, así como insuficiente inspección y vigilancia en estas regiones
Sumado a la información del mismo portal de Gobierno Federal, se indica que la presencia de la delincuencia organizada e impunidad facilitó la extracción clandestina y el “lavado” de materias primas forestales.
Sumado a ello, se aceptó que “El problema fue ignorado y creció de forma alarmante, quedando el control de las regiones forestales en manos del crimen organizado, lo que ha desincentivando la denuncia.”
A nivel local, la empresa española IDOM señaló a través del documento “Innova Parral Plan Estratégico de Especialización Inteligente”; que “La tala informal representa una amenaza ambiental y económica para la región de Parral y su industria maderera”.
Por lo que, a pesar de que en Parral no se cuenta con zonas forestales que produzcan, sí se tiene un efecto negativo en la economía, esto según lo dado a conocer en la información que realizó la iniciativa privada de Parral, financiada con recursos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).
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