GINEBRA. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el continuo deterioro de la situación en Nicaragua, con “graves violaciones” de derechos civiles y ataques contra la Iglesia y la libertad de prensa.
“En los últimos meses la Oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose”, dijo Christian Salazar Volkmann, director de la División de Operaciones de Campo y Cooperación Técnica.
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“Este deterioro abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política, y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional”, añadió.
En la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado presentó un crítico informe contra el gobierno de Daniel Ortega, al que acusa de no cooperar e incumplir con las recomendaciones emitidas por su oficina.
El informa también señala que el régimen está eliminando toda forma de organización civil en el país, en particular las que tienen que ver con la Iglesia Católica.
El organismo indicó que las violaciones constantes de los derechos de asociación, prensa, expresión, a la libertad y a la justicia, entre otros, hacen temer la forma en que se realizarán las elecciones municipales de noviembre próximo.
“Los embates a la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Este año se ha cancelado la personalidad jurídica de mil 512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas médicas, y entidades asociadas a la Iglesia Católica”, dijo la ONU.
Salazar indicó que con esta nueva ola represiva ya suman mil 578 las organizaciones que han sido forzadas a cerrar desde 2018, año en el que la ciudadanía salió a las calles para reclamar reformas democráticas, un movimiento que fue aplastado con mucha violencia.
Cerca de 200 personas siguen en detención arbitraria en relación con la crisis sociopolítica que se vive desde entonces. De ellas, medio centenar fueron encarceladas en el contexto electoral de 2021 y condenadas recientemente, algunas hasta a 13 años de prisión en juicios que no fueron justos, señaló la ONU
Ni siquiera la cárcel es suficiente para las autoridades, puesto que a muchos de esos presos se les niega desde hace más de un año cualquier contacto con sus familias, según el informe.
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