MANAGUA. La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló las personalidades jurídicas de otras 101 Organismos no Gubernamentales, incluida la rama local de las Misioneras de la Caridad establecida por la Madre Teresa, con lo que suman 858 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas tras la revuelta popular de abril de 2018 calificada como intento de golpe de Estado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La disolución de las 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a petición del Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. El titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, dijo en el pleno que con esas ONG suman 659 las organizaciones sin fines de lucro canceladas en lo que va de este año. Y un total de 858 desde diciembre de 2018.
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El legislador explicó que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento "de algo que estaba al garete", debido, dijo, a que habían organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes, no rendían cuentas o no cumplían con sus estatutos.Porras indicó que continuarán "con este trabajo de limpieza" bajo el argumento de que no pueden existir más de seis mil ONG en Nicaragua "que no estén haciendo nada".
El titular del Parlamento también calificó a los organismos sin fines de lucro de "instrumentos del neoliberalismo", de haber "tomado auge en los gobiernos neoliberales" -en alusión a las Administraciones entre 1990 y 2007-, "precisamente para actuar como instrumento contra los sindicatos y la organización del pueblo".
La Asamblea sostuvo que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega.
Las protestas, calificadas como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
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