La figura de extinción de dominio, no ha sido aprovechada en los últimos años ya que entre 2010 y 2011 solo se recuperaron ocho bienes, en cambio en Colombia tan solo el año pasado se logró la recuperación de 28 mil 165 bienes.
De acuerdo con una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la figura jurídica de extinción de dominio es clave para combatir actividades de alta criminalidad. Se adoptó en México en 2008, pero el optimismo de su utilidad decreció en vista de los resultados obtenidos en el transcurso de su aplicación.
El estudio “La extinción de dominio. Apuntes de la reforma de 2019 a los artículos 22 y 73 Constitucionales”, de la investigadora Lorena Vázquez Correa, explica que con estas reformas aprobadas por la LXIV Legislatura, se fortalecieron las facultades del Estado mexicano. Se busca, obtener la posesión legal de bienes particulares, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se relacionen con investigaciones de actividades ilícitas como corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y recursos de procedencia ilícita.
Se precisa que el próximo 11 de septiembre se vence el plazo para la expedición de una nueva Ley General de Extinción de Dominio que permita aplicar de manera más eficaz esta figura.
Refiere que el Poder Legislativo tiene frente a sí el reto de elaborar una legislación nacional de extinción de dominico eficaz, mientras que el nuevo régimen enfrenta el desafío de reformar la estructura de las instituciones responsables de la procuración y la impartición de justicia en México.
En el Senado se presentaron dos iniciativas de Ley Nacional de Extinción de Dominio. Una, del senador Ricardo Monreal Ávila el 27 de marzo y la otra, el senador Miguel Ángel Mancera el pasado 29 de abril.
Ambas plantean convertir la extinción de dominio en una herramienta eficaz y eficiente para el combate a la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia en general.
También buscan disminuir los recursos con que cuenta la criminalidad y minar su capacidad operativa.
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