La Fiscalía General del Estado ha abierto más de 600 carpetas de investigación en el estado de Chihuahua contra agentes de seguridad a cargo de la misma corporación, de los cuales hasta la fecha han detenido 12 agentes, principalmente de la Comisión Estatal de Seguridad, en un periodo de 10 meses.
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Dentro de los archivos de la Dirección de Inspección Interna, que es el órgano encargado de investigar a agentes de seguridad que cometan o participan en cualquier delito administrativo o de carácter penal, ha realizado la detención de alrededor de 12 agentes, quienes se encuentran enfrentando procesos penales por cometer delitos en agravio o interés de la sociedad.
De igual forma, en este mismo año y dentro de todo el estado de Chihuahua, se dieron de baja a por lo menos cinco agentes, quienes no alcanzaron una investigación penal, pero que su castigo administrativo obligó a renunciar a su cargo como agente y servidor público adscrito a la Fiscalía General del Estado.
La Dirección de Inspección Interna y la Comisión de Honor y Justicia son los encargados de investigar cualquier tipo de denuncia o delito que cometan los más de cuatro mil agentes, así como de buscar las sanciones administrativas o penales, a fin de que paguen por los hechos que cometieron.
Las medidas penales pueden ir desde restricciones de salir de la ciudad, acudir a firmar o mantener una pena en prisión, mientras que el carácter administrativo puede ser el descanso, recorte de sueldo, cambio de adscripción, suspensión o causar baja de las filas sin opción de volver a enlistarse en cualquier corporación.
En los registros de la Fiscalía General existen investigaciones en contra de elementos de la Policía Vial, Comisión Estatal de Seguridad, ministerios públicos y agentes investigadores, quienes por diferentes motivos fueron denunciados ante la Fiscalía General y se inició un procedimiento interno en la Dirección de Inspección Interna.
Los principales delitos que cometen los elementos de seguridad han sido extorsión, robo, hostigamiento y también se concentraron investigaciones por secuestro o desaparición forzada, homicidio y en este año se abrió un caso por el delito de peculado en contra de dos elementos de la CES.
Los agentes de la Comisión Estatal, así como ministeriales, son los que más recaen en delitos como extorsión, homicidio y lesiones, pues se ha documentado en diferentes ocasiones que han laborado para grupos criminales y mantienen el perfil policiaco cuando en realidad se dedican a cometer delitos.
De igual forma, en otros casos se han evidenciado agentes que a fin de no cometer detenciones de narcomenudistas o sicarios les piden que reúnan cierta cantidad de dinero, que va de los 20 a los 50 mil pesos, para que puedan quedar en libertad y los amenazan con que si no lo llegaran a cumplir los detendrían.
Durante este año, cuando se encontraba Érika Jasso Carrasco como encargada de la Dirección de Inspección Interna, lograron procesar por primera ocasión a tres agentes de Vialidad por el delito de ejercicio ilegal de servicio público y delitos contra la procuración de justicia al modificar documentos oficiales para beneficiar al hijo de un funcionario del Gobierno del Estado, quien protagonizó un choque cuando conducía ebrio.
De igual forma, por primera vez en la historia, se logró la sentencia en contra de tres elementos de seguridad, quienes cometieron el delito de desaparición forzada en contra de tres jóvenes en el municipio de Cuauhtémoc, que tras un juicio de dos años lograron acreditar su participación y el motivo por el cual los agentes los mataron y desaparecieron.
Otro de las carpetas que iniciaron a mediados del año fue cuatro investigaciones en contra de elementos de la Fiscalía General, quienes presuntamente fueron relacionados con el robo de combustible, la cual hasta el momento no ha tenido algún avance significativo pero que se encuentra abierta para su documentación.
En este caso se vinculaba a cuatro agentes estatales, entre ellos un comandante en estar involucrados en el robo de combustible, por el cual recibían varios de cientos de miles de pesos por brindar atención y protección a una banda de “huachicol” en la ciudad, pero hasta el momento no se logró identificar a los responsables.
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