En el estado de Chihuahua existen 2 mil 546 indagatorias vigentes por desaparición forzada en 48 municipios, con lo que se inició el registro estatal de personas desaparecidas, señaló el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, al inaugurar el Foro Ley General en Materia de Desaparición de Personas “Conociendo su contenido y alcance”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
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“Nuestro compromiso sigue intacto. Seguiremos esforzándonos para avanzar en el esclarecimiento de las desapariciones y que los responsables sean sancionados”, enfatizó el mandatario al referirse que desde el inicio de su administración se comprometió con las familias, además de que previamente ya conocía la situación de negación que se dada por las autoridades ante un flagelo que continúa latente.
En su participación el mandatario estatal destacó que la Comisión Estatal de Búsqueda ha realizado 62 intervenciones, de las cuales 51 fueron búsquedas de personas sin vida, lográndose la identificación de 21 personas y la localización de otros restos óseos. Además se desplegaron 11 operativos para localización con vida y otros 85 entrevistas y avistamientos de personas, todo ello de la mano con los familiares de las personas desaparecidas.
Admitió que si bien aún hay múltiples retos, también existen importantes avances de la normatividad local al armonizarla con la general, en la creación de fiscalías especializadas y en la estructuración de comisiones locales de búsqueda.
El foro tuvo como objetivo socializar sus contenidos y abrir un espacio de reflexión en torno de los alcances que tiene para autoridades gubernamentales y ciudadanía en general, por lo que se contó con familias de las víctimas de desaparición forzada.
“Dejar pasar más tiempo para la correcta aplicación de esta ley significa incrementar la calamidad que cae sobre las familias de las víctimas y de las comunidades en donde se concentra este delito”, señaló Javier Corral.
Expuso que la desaparición forzada es una violación múltiple y compleja de los derechos humanos, debido a que no sólo se violenta un derecho, sino que ataca a muchos otros: el derecho a la libertad personal, a la integridad, a la vida, y lógicamente al reconocimiento de la personalidad jurídica, en tanto que a los familiares de las víctimas se les violenta la esfera de derechos más esenciales: acceder a la justicia y a la verdad.
“No podemos traicionar el esfuerzo de los colectivos familiares y organizaciones de la sociedad civil que pugnaron y lograron que nuestro país adoptara una ley en la materia, tal como lo habían recomendado por muchos años organismos internacionales y con lo cual, sin duda, se saldó una deuda para atender una problemática por la que desafortunadamente nuestro país se ha caracterizado en el marco de una grave crisis de derechos humanos”, comentó.
El mandatario estatal recordó que tras una reunión con el Cedehm en el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, él como persona ya tenía plena conciencia del problema y asumió el compromiso inquebrantable con el colectivo de familiares de las víctimas.
Como resultado, Chihuahua se convirtió en pionera al crear la primera Fiscalía Especializada en Investigaciones de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada en el país, actualmente encabezada por Francisco González Arredondo.
Además se creó la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Desaparición Forzada perteneciente a la Fiscalía de Derechos Humanos, ahora integrada por agentes del Ministerio Público e investigadores, cuyos integrantes han sido capacitados con más de 20 cursos relacionados con derechos humanos, investigación, desaparición de personas, atención a víctimas, sensibilización ante comunidades indígenas y grupos vulnerables, perfilación criminal, y estándares internacionales.
Se instaló también la Unidad de Análisis y Contexto enfocada a brindar una visión amplia del fenómeno criminal, al dejar de lado el paradigma de asumirlos como casos aislados y buscar precisamente lo que siempre han pedido y reclamado las organizaciones: vinculación y asociación.
Se implementó la Comisión Local de Búsqueda, a cargo de Laura Irene Moreno Espinosa, orientada a determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones a través de la vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de la participación de las autoridades correspondientes.
Gracias a esta Comisión Local, instalada en abril de este año, se hizo un diagnóstico para verificar investigaciones e individualizar las áreas de oportunidad con el fin de agilizar los procesos.
Durante su intervención, el jefe de Asuntos Políticos y Económicos del Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Arturo Hines, en representación del cónsul John Tavener, agradeció la colaboración brindada por el Gobierno de Chihuahua.
Lo anterior, ya que el logro de sus objetivos depende de las contribuciones de múltiples actores, y este foro proporciona un espacio en el que expertos miembros de la sociedad civil, colectivos de víctimas y autoridades comparten lecciones aprendidas para mejorar en la correcta implementación de la Ley General en materia de desaparición de personas.
“El estado de Chihuahua es un excelente ejemplo de cómo el Gobierno y la sociedad civil trabajan juntos para encontrar soluciones sostenibles, que benefician a todas las personas”, dijo.
César Augusto Peniche Espejel, titular de la FGE, declaró que la seguridad pública se ha colocado como una de las prioridades para la actual administración, y con ella todo lo relativo a la desaparición de personas.
“Sólo aquí en Chihuahua no hace más de 5 años, el gobierno estatal negó la existencia del problema y lo calificó como un mito. Los gobiernos democráticos hoy en día asumen la responsabilidad de trabajar el tema”.
Agradeció también el impulso que han dado los colectivos de la sociedad civil organizada, como pieza fundamental para avanzar y romper con el ocultismo que caracterizaba a este problema.
“Tenemos una gran deuda frente a las familias que tienen algún desaparecido, esa deuda no estará cubierta mientras exista esa inmensa cifra nacional, grande, incierta, que nadie puede precisar. Hoy discutiremos el escenario y los retos”, manifestó.
Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Cedehm, indicó que con la publicación de la Ley General y el Sistema Nacional de Búsqueda, en diciembre de 2017, es momento de tomar en serio su implementación, por lo que se convocó a este foro.
La idea es escuchar tres experiencias fundamentales: la de familiares, expertos en Derechos Humanos, y organismos de la sociedad civil; la de otros estados y regiones del país; y la de la Fiscalía de Chihuahua.
