PLAZO.- No hay plazo que no se cumpla... y dado que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pablo Héctor González, no ha salido a desmentir los rumores generados desde el miércoles pasado, será el día de hoy cuando presente su formal renuncia ante el pleno del Consejo de la Judicatura.
FECHA.- El asunto es que la fecha de esa salida no la está marcando el magistrado, toda vez que –como se publicó en este espacio en días pasados- desde el viernes González Villalobos intentó entregar su renuncia, incluso trató de oficializarlo en Palacio de Gobierno, pero no fue recibido.
DIMISIÓN.- Mientras tanto, el magistrado presidente se ha enfocado en perfilar su estrategia para entregar la administración, de modo que no se le revierta alguna irregularidad, ya que de acuerdo con cercanos al TSJ sí las hay y aún estaría por verse si la rendición de cuentas es suficiente con la dimisión.
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PROFES.- Dicho por el secretario de Educación y Deporte (SED), Javier González Mocken, a partir de hoy iniciará el proceso para revisar qué cantidad de maestros estatales y federalizados no se han vacunado contra el Covid-19.
PROFES II.- Primero se informó que de no hacerlo se les daría de baja, pero a media semana se rectificó, luego de una reunión con dirigentes locales del SNTE, que el cese no será a causa de recibir o no la dosis sino por la ausencia de docentes en clases presenciales, si bien para ello es requisito estar inmunizado.
PROPORCIÓN.- La propia SED dio a conocer que alrededor del 90% de los mentores y personal de apoyo participaron en la aplicación del biológico, es decir, poco más de 32 mil de los 36 mil que hay en la entidad.
CLASES.- Significaría, por lo tanto, que cerca de 4 mil trabajadores de la educación no acudieron a las jornadas y al menos cientos de éstos son profesores que argumentan su derecho a elegir vacunarse o no, garantías individuales que terminan cuando se tiene que estar ante un grupo de alumnos y debieran entonces someterse, como cualquier ciudadano, a los criterios fijados en una emergencia sanitaria.
TERRORISMO.- Sería un interesante debate para los juristas aclarar si la exigencia de estar vacunado para ir a trabajar, como se aplica a millones de mexicanos, hace la excepción en el caso del magisterio, que lo considera terrorismo laboral. Ni siquiera las secciones sindicales han querido abanderar el tema y en cambio han mostrado una tibia defensa de sus agremiados, pues el Estado es la parte patronal que debe velar por el bienestar de los estudiantes y no querrán confrontarlo.
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DÉFICIT.- Hay un déficit de policías en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) para cubrir las necesidades en las diferentes regiones de Chihuahua, sin embargo es el menor de sus problemas, ya que el más grave es que no hay interesados.
CEBO.- Nadie quiere ser candidato a que lo utilicen como “carne de cañón” en el combate contra la delincuencia, sostienen los propios elementos de la corporación.
CRISIS.- Más aún, trascendió que la administración de la SSPE, a cargo de Gilberto Loya, enfrenta una crisis interna, a grado tal que existe el riesgo de que casi 100 oficiales renuncien, al igual que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, de donde tomó 230 policías para llevárselos de escoltas.
ÓRDENES.- Según se supo, los nuevos mandos de la SSPE están por girar órdenes a grupos de estatales para que sean enviados fuera de sus municipios de residencia, donde están sus familias, para mandarlos a donde literalmente hay apoyo de nada.
QUEJAS.- Los agentes estatales entienden que precisamente sirven al Estado y en cualquier momento los pueden transferir a donde se requiera, lo que cuestionan es que los obliguen a pagar sus viáticos, rentas de vivienda u hospedaje, comidas y en ocasiones hasta el combustible.
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NEGOCIO.- Ahora se dice que Ariel Fernández, exalcalde de Aquiles Serdán, traía muy escondido que durante su gestión en el vecino municipio le permitió a una gasolinera, propiedad de un familiar político, “surtirse” presuntamente de contratos para abastecer de combustible a todas las unidades a cargo del Ayuntamiento. El señalamiento, sin embargo, lo hizo el auditor superior del Estado, Héctor Acosta, desde el año pasado.
AUDITOR.- Cuando el auditor hizo la revisión de la cuenta pública de 2019, en el primer trimestre del siguiente año, hizo las observaciones al Congreso del Estado y destacó precisamente ese aspecto, que a lo menos rayaba en conflicto de intereses, pero los diputados lo dejaron pasar.
TEJA.- En realidad, el informe de la ASE siguió su curso hasta el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y es ahora cuando se habla del fallo judicial para inhabilitar por seis meses a Fernández para ocupar cualquier puesto de la función pública, lo cual no lo deja fuera de la carrera por la dirigencia estatal del PRI, aunque lo empaña, empero –dicen algunos- ya se le ocurrirá algo al diputado Omar Bazán.
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MURO.- De película, los efectos de la reapertura de los puentes fronterizos con Estados Unidos. Las casas de cambio casi se quedaron sin dólares que vender, las filas kilométricas de automovilistas –entre residentes y ciudadanos estadounidenses- por pasar antes de la desbandada que se anticipa sature los cruces reflejan la fuerza de una comunidad binacional dividida abruptamente por la contingencia del Covid.
MURO II.- El cierre de fronteras durante 20 meses no sólo golpeó al comercio, sino fracturó a familias que llevan ese tiempo sin verse y solían tener una relación cotidiana entre el ir y venir por puentes y que aprovechaban para hacer compras. Y eso que no hay muro y que no es Berlín.
