La presidenta del Congreso del Estado informó que se generó una discusión que se prolongó por 2 horas debido a la reforma a la Ley Minera, por lo que se enviará un exhorto al Gobierno Federal para frenar estos cambios.
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En su visita a la ciudad, la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas refirió que el martes 18 se presentó en el Congreso una discusión que se prolongó por más de dos horas en relación a la reforma a la Ley Minera, en donde acudió el diputado del Distrito 21 Edgar Piñón quien presentó una iniciativa.
Asimismo, indicó que asistieron integrantes del Clúster Minero, así como quienes ejercen una actividad en particular en este sector.
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“Hay quienes están a favor, y otros en contra, vamos a ver que resulta, todavía está en discusión, no podríamos nosotros adelantar un resultado, ya que se encuentra la Cámara de Diputados debatiendo esta reforma”, dijo.
Detalló que el Congreso del Estado ya emitió un posicionamiento el martes; sin embargo aún no se tiene un resultado concreto por parte del Gobierno Federal, por lo que habrá que esperar al respecto.
Argumentó que una fracción ya realizó un pronunciamiento en el Congreso del Estado, que fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través del diputado Edgar Piñón, el cual fue apoyado por el Partido Acción Nacional (PAN).
Es de resaltar que la propuesta del Ejecutivo enviada el 28 de marzo a la Cámara de Diputados propone modificar cuatro leyes: la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Los puntos clave de la reforma son eliminar el carácter preferente de la actividad minera sobre otras actividades, eliminar el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera y sustituirlo por un acuerdo de contraprestaciones monetarias sujeto a consentimiento de los propietarios de los terrenos.
Disminuir de 50 a 15 años el término de la concesión minera con posibilidad de una prórroga; condicionar la concesión minera a la disponibilidad hídrica; establecer que el mecanismo de otorgamiento será a través de concurso público; y prohibir concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas.
Así también obligar a los empresarios a determinar los impactos sociales de cada concesión minera a través de un estudio; a elaborar un Programa de Cierre y Post-cierre y un programa de manejo de residuos; y realizar una consulta a pueblos indígenas y afromexicanos, obligación suscrita por el Estado Mexicano en tratados internacionales pero no asentada en la Ley.
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