Obligaban a cuatro adultos y a un adolescente de la etnia rarámuri a trabajar de manera forzada, la Fiscalía de Derechos Humanos ejerció la acción penal contra Henri Jovany V. B., alias “El Chiapas” y Domingo V. B., alias “El Mingo”, dos integrantes de un grupo que obligaba a personas a realizar trabajos forzados, quienes estarán en prisión preventiva.
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La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos, ejerció acción penal en contra de dos integrantes de un grupo que captaba personas para obligarlos a realizar trabajos forzados, en municipios de la sierra.
La Fiscalía General del Estado Zona Sur dio a conocer mediante un comunicado que a través de una serie de investigaciones, conducidas por la Unidad de Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Tortura, se documentó la participación de los imputados, identificados como Henri Jovany V. B., alias “El Chiapas” y Domingo V. B., alias “El Mingo”.
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Se les dictó vinculación a proceso por el delito de trata de personas con penalidad agravada, en la modalidad de trabajo forzado, cometido en perjuicio de cuatro adultos y un adolescente de la etnia rarámuri.
Las pruebas presentadas ante un Tribunal de Control del municipio de Guerrero, demuestran que los imputados atraían a las víctimas por medio de falsas promesas de trabajo, ofreciendo un pago diario de entre 200 y 300 pesos por acudir a colocar postes en la localidad de Yoquivo, municipio de Ocampo.
Una vez que los atraían, los trasladaban del lugar conocido como Lago de Las Garzas, en la población de Guachochi, a los campamentos en donde les quitaban sus pertenencias y los obligaron a trabajar por más de 12 horas diarias, todos los días de la semana.
De acuerdo con los datos de la carpeta de investigación, el 13 de febrero de 2022, una de las víctimas logró huir e informar a la autoridad sobre la situación, y a partir de ese momento, personal de la Fiscalía Especializada inició con las intervenciones ministeriales para esclarecer el caso.
Los ahora vinculados, formaban parte de un grupo estructurado que ejercía tratos inhumanos con las víctimas, a quienes amenazaban de muerte y castigaban físicamente si en algún momento intentaban huir del lugar.
El Ministerio Público acreditó la violación grave a los Derechos Humanos de las Víctimas, al aprovecharse de su vulnerabilidad por la falta de trabajo que existe en la región.
Tras hacer una minuciosa evaluación del caudal probatorio, el Juez de Control resolvió que existen suficientes elementos para sujetar a proceso penal a los involucrados bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso.
De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
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