La Auditoría Superior de la Federación emitió un informe entorno a las cuentas públicas correspondientes al año 2022, en donde en el estado de Chihuahua se revisó el uso de más de 46 mil millones 221 mil pesos en relación a los recursos federales ejercidos por el Gobierno del Estado.
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De esa cantidad en lo general, el apartado que hace referencia al concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas, contempla 25 mil millones 576 mil 452 pesos destinados para el ejercicio fiscal 2022, de los cuales, la ASF auditó 20 mil millones 668 mil 443 pesos.
Esa cantidad en la que se revisó la manera en que fue ejercida por parte del Gobierno del Estado, representa el 80.8 por ciento de los recursos transferidos de participaciones federales para el estado de Chihuahua.
Dentro de su reporte, la Auditoría Superior de la Federación, detalla que, para este apartado, se revisaron las participaciones federales transferidas a través del Ramo 28 a los estados y municipios, y la estrategia de fiscalización de ese objeto, considera la revisión de las 32 entidades federativas, en función de ser recursos de cobertura nacional.
Tras realizar todo el análisis dentro de las diferentes dependencias estatales y organismos autónomos, la Auditoría detectó algunas irregularidades como falta de comprobantes o algunos documentos, que derivaron en 32 observaciones o aclaraciones que deberá hacer el Gobierno del Estado.
De igual forma se determinó que existen 311 millones 279 mil 434 pesos por aclarar la manera en que fueron ejercidos.
De las 32 observaciones, en 11 no se detectaron irregularidades y tres fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe de la ASF.
Por su parte, los 18 resolutivos restantes generaron una recomendación, cuatro solicitudes de aclaración, nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ocho pliegos de observaciones.
“En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no, solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco jurídico que regule la materia”, expone el documento en relación a los actos observados y pendientes aclaratorios.
Uno de los puntos relevantes en donde se registraron observaciones, refiere a que ciertos recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda a diferentes entes ejecutores, no proporcionaron los registros contables y presupuestales específicos, por lo que se solicitó a la Secretaría de la Función Pública del Estado que inicie con las indagatorias correspondientes.
Los seis entes ejecutores que no presentaron la documentación y el registro son: el Congreso del Estado, Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Instituto Chihuahuense de la Salud, Instituto de Capacitación Para el Trabajo, y el Municipio de Ojinaga.
