/ miércoles 27 de abril de 2022

Militares de Colombia reconocen ejecuciones de civiles

El ministro de Defensa, Diego Molano, afronta una moción de censura en el Congreso por la presunta masacre en Putumayo

OCAÑA. En la misma población donde cometieron sus crímenes en la década del 2000, diez militares retirados reconocieron ante las familias de las víctimas la ejecución a sangre fría de cien civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate.

En la inédita audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, en el departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres.

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Unos 50 familiares de las víctimas ingresaron en fila a un teatro universitario de esta población exhibiendo fotografías de sus parientes.

En el escenario se sentaron cara a cara frente a sus victimarios y cinco magistrados del tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta hoy escuchará los relatos de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los crímenes.

“Yo reconozco y acepto mi responsabilidad a título de coautor”, declaró el cabo Néstor Gutiérrez y pidió perdón.

“Asesinamos (a) personas inocentes, campesinos” y mi compromiso es “aclararlo acá ante la opinión, ante el mundo, ante el país”, agregó el exsuboficial de la Brigada Móvil XV del ejército.

Conocidos como “falsos positivos”, los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate son el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Los antiguos militares y otros victimarios del prolongado conflicto colombiano responden ante la JEP por sus crímenes como parte del acuerdo de paz que desarmó en 2017 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Quienes confiesen sus delitos y reparen a las víctimas recibirán penas alternas a la cárcel.

La JEP determinó que Ocaña fue escenario de una práctica atroz ideada en un cuartel ubicado en la entrada del pueblo de unos 100 mil habitantes, y motivada por una “política institucional del ejército de conteo de cuerpos” para inflar sus logros en la lucha contra grupos armados.

En tanto, varias víctimas de una operación militar que dejó 11 muertos en el departamento del Putumayo aseguraron que no es cierto que ellos sean guerrilleros como lo dice el gobierno colombiano, que ha defendido la acción porque se combatía a las disidencias de las FARC.

Las víctimas dieron su testimonio en la Cámara de Representantes donde el ministro de Defensa, Diego Molano, afronta una moción de censura por su responsabilidad política en los hechos.



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OCAÑA. En la misma población donde cometieron sus crímenes en la década del 2000, diez militares retirados reconocieron ante las familias de las víctimas la ejecución a sangre fría de cien civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate.

En la inédita audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, en el departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres.

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Unos 50 familiares de las víctimas ingresaron en fila a un teatro universitario de esta población exhibiendo fotografías de sus parientes.

En el escenario se sentaron cara a cara frente a sus victimarios y cinco magistrados del tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta hoy escuchará los relatos de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los crímenes.

“Yo reconozco y acepto mi responsabilidad a título de coautor”, declaró el cabo Néstor Gutiérrez y pidió perdón.

“Asesinamos (a) personas inocentes, campesinos” y mi compromiso es “aclararlo acá ante la opinión, ante el mundo, ante el país”, agregó el exsuboficial de la Brigada Móvil XV del ejército.

Conocidos como “falsos positivos”, los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate son el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Los antiguos militares y otros victimarios del prolongado conflicto colombiano responden ante la JEP por sus crímenes como parte del acuerdo de paz que desarmó en 2017 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Quienes confiesen sus delitos y reparen a las víctimas recibirán penas alternas a la cárcel.

La JEP determinó que Ocaña fue escenario de una práctica atroz ideada en un cuartel ubicado en la entrada del pueblo de unos 100 mil habitantes, y motivada por una “política institucional del ejército de conteo de cuerpos” para inflar sus logros en la lucha contra grupos armados.

En tanto, varias víctimas de una operación militar que dejó 11 muertos en el departamento del Putumayo aseguraron que no es cierto que ellos sean guerrilleros como lo dice el gobierno colombiano, que ha defendido la acción porque se combatía a las disidencias de las FARC.

Las víctimas dieron su testimonio en la Cámara de Representantes donde el ministro de Defensa, Diego Molano, afronta una moción de censura por su responsabilidad política en los hechos.



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