El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) prevé contratar personal que con apenas primaria o secundaria se haga cargo de prevenir, diagnosticar, atender o referir a quienes enfrentan situaciones de violencia, adicciones, accidentes y distintos tipos de padecimientos o enfermedades.
Al hacer público el Modelo de Salud para el Bienestar (SABI) dirigido a personas sin seguridad social, basado en la atención primaria de salud, el instituto que dirige Juan Antonio Ferrer reveló que creará la figura de gestores comunitarios, que serán los encargados en sus comunidades del cuidado de la salud individual y familiar, el control sanitario ambiental, la promoción de la salud mental y la prevención de la violencia, las adicciones y los accidentes.
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Se encargarán también del fomento del ejercicio físico, el apoyo social a los discapacitados y adultos mayores y de realizar labores de abogacía por la salud con las autoridades en el nivel local. Además tendrán facultades para realizar censos nominales y levantar “cédulas de micro diagnóstico sanitario”.
Para desempeñar tan vastas tareas, el Insabi señala que “el nivel de escolaridad mínimo deseable para este personal es de secundaria, pero si la situación local lo exige, se puede aceptar la primaria terminada”.
De preferencia deben ser originarios y aceptados por la comunidad para ocupar el puesto, considerando que sus conocimientos sobre las características socioeconómicas y culturales del lugar les pueden facilitar su labor, sumado al dominio de la lengua local donde esto es relevante.
“La propuesta incluye que sean parte de la plantilla de personal, con derechos laborales reconocidos, incluido el goce de un salario y condiciones de trabajo seguras, sin coerción ni discriminación alguna”.
Todos los gestores comunitarios recibirán capacitación en “un programa de educación continua sobre temas esenciales de promoción de la salud, la prevención de enfermedades y otros diversos contenidos de salud pública”.
En el documento de 116 páginas, publicado el lunes pasado, se afirma que el SABI tiene como objetivo “garantizar por el Estado la protección a la salud, bajo criterios de universalidad e igualdad, donde todas las personas, de todas las edades y en toda la geografía del país, sin excepciones de ninguna clase y sin catálogos limitantes, reciban servicios de salud gratuitos, con manejo eficiente de los recursos, de manera digna, oportuna, con calidad y eficacia”.
Los gestores darán seguimiento “hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos”.
Según el Insabi, el modelo iniciará de forma piloto en Oaxaca, Chiapas y San Luis Potosí sin que hasta ahora se haya definido la cantidad de gestores que contratará el instituto.
Estos gestores formarán parte de un Equipo de Salud para el Bienestar (ESB), compuesto de un médico general o especialista (odontología, psicología, técnicos de radiología y de rehabilitación, de trabajo social, laboratoristas, nutriólogos) y una persona de enfermería.
Cada gestor tendrá bajo su responsabilidad “la mejoría de la salud integral de un territorio/población definido, idealmente entre tres mil y cinco mil habitantes, distribuidos en un espacio que para llegar a la unidad de atención no demore más de una hora en el transporte habitual y caminando no sea mayor de siete kilómetros, salvo en zonas rurales con muy alta dispersión de la población”.
El año pasado, la entonces subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Asa Cristina Laurell, expresó su preocupación sobre este modelo.
El Insabi refiere que será en 2022 cuando se vean los primeros resultados de mejora en los servicios médicos que sustituyeron al Seguro Popular.
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