El Ejecutivo federal envió a la Comisión Permanente una iniciativa de reformas para la inclusión de las personas con discapacidad, en las que se obliga a las dependencias de los tres órdenes de gobierno a destinar una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal a contrataciones de este grupo.
Se trata de un decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; la Ley General de Población, la Ley General de Protección Civil, Ley de Asistencia Social, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Los patrones que contraten personas con discapacidad y adultos mayores podrán deducir de sus ingresos 100% del ISR. Precisa la iniciativa que las dependencias y entidades de la administración Pública de los tres órdenes de gobierno y de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, “están obligadas a contratar personas con discapacidad permanente que reúnan condiciones de idoneidad para la ocupación de las plazas vacantes, en una proporción no inferior a 3% de la totalidad de su personal”.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados.
El proyecto comprende también reformas, a diferentes leyes y códigos para sancionar el maltrato a este sector vulnerable de la población. Se proponen sanciones de uno a tres años de cárcel, o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 días multa, a quien atente contra la dignidad o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas con discapacidad.
Asimismo, habría sanción de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, como sanción a quien avise de inmediato a la autoridad u omitiera prestar auxilio a una niña o niño abandonados, a persona herida o persona con discapacidad, incapaces de cuidarse a sí mismos o amenazadas de algún peligro.
