La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) detectó focos rojos por el desvío de recursos públicos y coacción de votos por parte de servidores públicos a favor de algún candidato, luego de recibir el año pasado 949 denuncias en contra de burócratas por presuntos delitos electorales.
De acuerdo al artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, ningún funcionario puede utilizar recursos públicos ni coaccionar a subordinados o condicionar servicios para que alguien vote a favor o en contra de algún candidato.
La normatividad establece una pena de dos a nueve años de cárcel más una multa económica por este delito.
El Sol de Méxicoinformó en su edición impresa de ayer que también existe una correlación entre el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto en los estados marginados.
Para José Fernández Santillán, académico del Tecnológico de Monterrey, la democracia mexicana sigue siendo muy joven, y una de sus manifestaciones es el uso de recursos públicos a favor de algún candidato.
“Que haya tan cantidad de denuncias, quiere decir que no hemos hecho de la democracia una costumbre, porque por más leyes que hagamos, si no nos acostumbramos a respetarlas va a ser muy difícil que nosotros podamos llevar a cabo un buen proceso democrático”, dijo.
El académico recordó que la lógica de que el financiamiento de las campañas sea con dinero público es para evitar que los candidatos sean impulsados con recursos ilegales, sean de recursos públicos o del crimen organizado.
La mejor manera de madurar, a consideración de Fernández Santillán, es que las instituciones respondan a estas denuncias con sanciones, pero al final existen intereses que lo dificultan, eso sin contar la desconfianza del ciudadano.
“La democracia es como una moneda de cambio, de un lado está la parte jurídica y del otro la política. Si se trata de aplicar la parte jurídica hay intereses políticos que impiden que la ley se cumpla, que ponen trabas, es donde se confunden bienes e intereses privados con intereses públicos, y ese es el gran problema”, añadió.
Pese a que hay cientos de denuncias, sentencias relevantes hay pocas. Por ejemplo, entre 2015 y 2016 hubo dos a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social federal que laboraban en delegaciones estatales: un vocal de Prospera en Chiapas, el delegado de Sedesol en Quintana Roo.
Entre los actos denunciados ante la Fiscalía destacan 179 denuncias en contra de servidores públicos obligaron o amenazaron a sus subordinados a asistir a eventos proselitistas o para que votaran a favor de algún candidato.
La mayor parte de estas denuncias se concentraron en los estados de Puebla, Ciudad de México y Veracruz, que concentraron 77 de los casos reportados a la autoridad.
Otro de los delitos detectados por la Fepade es el condicionamiento de servicios, programas, licencias o permisos al apoyo de algún candidato. En este rubro, se presentaron 378 denuncias en contra de burócratas por este tipo de coacción. Las entidades con más casos expedientes abiertos fueron Puebla, Chiapas y Oaxaca con 209, más de la mitad del total.
El tercer tipo de delito electoral detectado fue el desvío de fondos, bienes o servicios de propiedad pública en favor de algún candidato o para perjudicar a algún participante de la contienda electoral, sea candidato o partido político.
En este apartado, la Fepade recibió 262 denuncias, las cuales se concentran en entidades del centro del país, como Estado de México, Ciudad de México y Puebla, que entre las tres acumulan 105.
La Ley también prohíbe a los funcionarios realizar actividad proselitista a los burócratas en horarios de trabajo, siendo que se recibieron 103 denuncias por esto, principalmente en la Ciudad de México Oaxaca y Sinaloa que reúnen un tercio de los casos.
También se detectó que hubo funcionarios que obligaron a sus subordinados a dar aportaciones. En total hay 22 denuncias en entidades como Estado de México, Coahuila y Ciudad de México.
La última actividad ilícita de servidores públicos en materia electoral fue el de negarse a colaborar con la Fepade en una investigación: tres de ellos en San Luis Potosí, otro en Baja California Sur y otro en Puebla.
