/ miércoles 24 de abril de 2024

Diputados aprueban en lo general y lo particular Ley de Amparo

Los partidos Morena, PT y PVEM lograron aprobar por mayoría simple el dictamen de la Ley de Amparo, contra el voto de la oposición integrada por los partidos PAN, PRI, PRD y MC

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley de Amparo, que impide a jueces y magistrados dictar suspensiones provisionales que frenan reformas legales sin haber ido al fondo del asunto y resolver si la norma objetada es o no inconstitucional. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Con 258 a favor y 213 en contra se aprobó en lo general; y con 254 votos a favor y 204 en contra, cero abstenciones en ambos casos, Morena y aliados del PT y PVEM lograron aprobar el dictamen.

PAN, PRI, PRD y MC no lograron frenar esta ley que consideraron como violatoria de los derechos de las personas y que nuevamente buscan empoderar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar el respeto irrestricto a la separación de poderes y fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.

Señala que en el documento de Juicio de Amparo era un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder.

La figura tiene por objeto proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuando estos son violados por normas generales, actos u omisiones de autoridad o de particulares señalados en la Ley.

El proyecto también acota que no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un poder constituido en detrimento de otro.

Adiciona un último párrafo al artículo 148 y deroga el último párrafo del artículo 129 de dicho ordenamiento para eliminar la facultad del órgano jurisdiccional de amparo, en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pudiera causarse mayor afectación al interés social.

También menciona que no existe una justificación en la norma constitucional para que la suspensión, sea provisional o definitiva, deba tener efectos generales.

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En ese sentido, se argumenta que estas suspensiones sólo deben abarcar en sus efectos a la parte quejosa, a partir de la cual se hace la valoración y no así a favor de toda la colectividad, pues, en una sociedad con intereses tan diversos, sería complicado asumir que efectivamente una determinación atiende al interés general.

“Por tanto, la modulación para el otorgamiento de la suspensión, provisional o definitiva, no puede estar sujeta a la discrecionalidad de la autoridad jurisdiccional, cuando en todo acto de autoridad, debe privar el principio de seguridad y certeza jurídica”, subraya el texto.

Durante su intervención, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), adelantó que Morena presentará una iniciativa que comprenderá la interpretación judicial, el interés legítimo indefinido en la Constitución, el alcance del artículo 1o. constitucional, porque se ha entendido que la prelación del interés privado está por encima del interés público, la Constitución encima de los tratados internacionales, la definición correcta de la apariencia del buen derecho, que es un prejuicio de inmediato en la suspensión de amparo.

También vamos a proponer que una Cámara, la de Diputados o la de Senadores, el Congreso con dos terceras partes pueda revocar la invalidez de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto de una ley, y vamos a proponer también que haya una consulta anticipada a la Suprema Corte antes de dictar un dictamen, para evitar todas estas discusiones.

“Miren ustedes, es una visión distinta la que tenemos, no se violan derechos humanos. Si la Corte la tira, si la Corte la tirara, se va a volver a presentar hasta que haya una mayoría de ministras que entiendan que la ley no se debe interpretar políticamente”.

Lizbeth Mata Lozano, diputada del PAN, acusó que Morena y sus aliados de votar “a favor porque quieren meter la basura debajo de la alfombra para fingir que todo lo que han aprobado no es inconstitucional, porque con esta reforma le quieren lavar la cara al régimen de arbitrariedades e ilegalidades que están ustedes realizando. La verdadera intención que está detrás es eliminar la suspensión con efectos generales para hacer todo el daño posible a nuestra sociedad. Este nuevo ataque contra la libertad”.

“Que se oiga fuerte y claro vamos a votar en contra de este dictamen que quiere dejarnos desprotegidos frente al régimen, vamos a votar en contra de esta reforma que pretende perpetuar el abuso y la ilegalidad, vamos a votar en contra porque la razón y la verdad están de nuestro lado y si hoy su mayoría artificial impone esta nueva injuria nos veremos en la Suprema Corte de Justicia”.

Por el PRI, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, señaló que la mayoría oficialista, votarían a favor “de cumplirle otro caprichito a su alteza serenísima. Y no para ayudarle a quienes nos pusieron aquí con su voto. Por su puesto que el voto de las y los diputados del PRI será en contra, porque tenemos claro que nuestro compromiso es con el pueblo de México, con el equilibrio de poderes, con la legalidad, con el orden constitucional.

Y advirtió que desde el PRI defenderán las instituciones democráticas y los mecanismos para defenderlas. “El PRI no respaldará ninguna reforma que atente contra los derechos humanos”, por lo que acudirán a todas las vías judiciales ante toda amenaza que atente a sus derechos. “Porque, a diferencia de ustedes, nosotros sí queremos un México para las y los mexicanos y no para el inquilino de Palacio”.

Por su parte, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del PT, manifestó que lo único que se hizo es dar claridad a la ley. “Por eso, querido pueblo de México, les voy a explicar lo siguiente. Por ningún motivo se están violentando los artículos 103 y 107 constitucionales, que hablan sobre el juicio de amparo”.

Elizabeth Pérez Valdez, PRD, llamó a los morenistas y aliados “diputados de tómbola, porque difícilmente podrán asumir el criterio de un profesional, de un científico o de alguien que tiene oficio político para legislar con objetividad, con principio de colectividad”.

Dijo que el oficialismo rinde y se “somete a un patriarca violentador de Palacio Nacional a su presidente”, y quien “debería tener el poder en este país son los periodistas, los empresarios, que no se dejan extorsionar por los tentáculos del Ejecutivo”.

Braulio López Ochoa Mijares, diputado por MC, señaló que la reforma que presentó el presidente de la República tiene un fin de doblegar al Poder Judicial Federal.

“Por su molestia con el Poder Judicial también decidieron meterle machetazo a los fideicomisos del Poder Judicial que beneficiaban a miles de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Por su molestia con los magistrados y jueces afectan a trabajadoras, a trabajadores y ahora a cualquier ciudadano que quiera verse beneficiado ante la decisión de un juez que diga que esa norma es muy probable que será contraria al texto constitucional”.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala, del PVEM, aclaró que no se elimina esta medida cautelar de la suspensión, pues la medida cautelar que es uno de los grandes logros de la Ley de Amparo, para preservar la materia del juicio, se conserva. Los efectos de fondo se resuelven en las sentencias de amparo.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley de Amparo, que impide a jueces y magistrados dictar suspensiones provisionales que frenan reformas legales sin haber ido al fondo del asunto y resolver si la norma objetada es o no inconstitucional. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Con 258 a favor y 213 en contra se aprobó en lo general; y con 254 votos a favor y 204 en contra, cero abstenciones en ambos casos, Morena y aliados del PT y PVEM lograron aprobar el dictamen.

PAN, PRI, PRD y MC no lograron frenar esta ley que consideraron como violatoria de los derechos de las personas y que nuevamente buscan empoderar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar el respeto irrestricto a la separación de poderes y fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.

Señala que en el documento de Juicio de Amparo era un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder.

La figura tiene por objeto proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuando estos son violados por normas generales, actos u omisiones de autoridad o de particulares señalados en la Ley.

El proyecto también acota que no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un poder constituido en detrimento de otro.

Adiciona un último párrafo al artículo 148 y deroga el último párrafo del artículo 129 de dicho ordenamiento para eliminar la facultad del órgano jurisdiccional de amparo, en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pudiera causarse mayor afectación al interés social.

También menciona que no existe una justificación en la norma constitucional para que la suspensión, sea provisional o definitiva, deba tener efectos generales.

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En ese sentido, se argumenta que estas suspensiones sólo deben abarcar en sus efectos a la parte quejosa, a partir de la cual se hace la valoración y no así a favor de toda la colectividad, pues, en una sociedad con intereses tan diversos, sería complicado asumir que efectivamente una determinación atiende al interés general.

“Por tanto, la modulación para el otorgamiento de la suspensión, provisional o definitiva, no puede estar sujeta a la discrecionalidad de la autoridad jurisdiccional, cuando en todo acto de autoridad, debe privar el principio de seguridad y certeza jurídica”, subraya el texto.

Durante su intervención, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), adelantó que Morena presentará una iniciativa que comprenderá la interpretación judicial, el interés legítimo indefinido en la Constitución, el alcance del artículo 1o. constitucional, porque se ha entendido que la prelación del interés privado está por encima del interés público, la Constitución encima de los tratados internacionales, la definición correcta de la apariencia del buen derecho, que es un prejuicio de inmediato en la suspensión de amparo.

También vamos a proponer que una Cámara, la de Diputados o la de Senadores, el Congreso con dos terceras partes pueda revocar la invalidez de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto de una ley, y vamos a proponer también que haya una consulta anticipada a la Suprema Corte antes de dictar un dictamen, para evitar todas estas discusiones.

“Miren ustedes, es una visión distinta la que tenemos, no se violan derechos humanos. Si la Corte la tira, si la Corte la tirara, se va a volver a presentar hasta que haya una mayoría de ministras que entiendan que la ley no se debe interpretar políticamente”.

Lizbeth Mata Lozano, diputada del PAN, acusó que Morena y sus aliados de votar “a favor porque quieren meter la basura debajo de la alfombra para fingir que todo lo que han aprobado no es inconstitucional, porque con esta reforma le quieren lavar la cara al régimen de arbitrariedades e ilegalidades que están ustedes realizando. La verdadera intención que está detrás es eliminar la suspensión con efectos generales para hacer todo el daño posible a nuestra sociedad. Este nuevo ataque contra la libertad”.

“Que se oiga fuerte y claro vamos a votar en contra de este dictamen que quiere dejarnos desprotegidos frente al régimen, vamos a votar en contra de esta reforma que pretende perpetuar el abuso y la ilegalidad, vamos a votar en contra porque la razón y la verdad están de nuestro lado y si hoy su mayoría artificial impone esta nueva injuria nos veremos en la Suprema Corte de Justicia”.

Por el PRI, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, señaló que la mayoría oficialista, votarían a favor “de cumplirle otro caprichito a su alteza serenísima. Y no para ayudarle a quienes nos pusieron aquí con su voto. Por su puesto que el voto de las y los diputados del PRI será en contra, porque tenemos claro que nuestro compromiso es con el pueblo de México, con el equilibrio de poderes, con la legalidad, con el orden constitucional.

Y advirtió que desde el PRI defenderán las instituciones democráticas y los mecanismos para defenderlas. “El PRI no respaldará ninguna reforma que atente contra los derechos humanos”, por lo que acudirán a todas las vías judiciales ante toda amenaza que atente a sus derechos. “Porque, a diferencia de ustedes, nosotros sí queremos un México para las y los mexicanos y no para el inquilino de Palacio”.

Por su parte, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del PT, manifestó que lo único que se hizo es dar claridad a la ley. “Por eso, querido pueblo de México, les voy a explicar lo siguiente. Por ningún motivo se están violentando los artículos 103 y 107 constitucionales, que hablan sobre el juicio de amparo”.

Elizabeth Pérez Valdez, PRD, llamó a los morenistas y aliados “diputados de tómbola, porque difícilmente podrán asumir el criterio de un profesional, de un científico o de alguien que tiene oficio político para legislar con objetividad, con principio de colectividad”.

Dijo que el oficialismo rinde y se “somete a un patriarca violentador de Palacio Nacional a su presidente”, y quien “debería tener el poder en este país son los periodistas, los empresarios, que no se dejan extorsionar por los tentáculos del Ejecutivo”.

Braulio López Ochoa Mijares, diputado por MC, señaló que la reforma que presentó el presidente de la República tiene un fin de doblegar al Poder Judicial Federal.

“Por su molestia con el Poder Judicial también decidieron meterle machetazo a los fideicomisos del Poder Judicial que beneficiaban a miles de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Por su molestia con los magistrados y jueces afectan a trabajadoras, a trabajadores y ahora a cualquier ciudadano que quiera verse beneficiado ante la decisión de un juez que diga que esa norma es muy probable que será contraria al texto constitucional”.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala, del PVEM, aclaró que no se elimina esta medida cautelar de la suspensión, pues la medida cautelar que es uno de los grandes logros de la Ley de Amparo, para preservar la materia del juicio, se conserva. Los efectos de fondo se resuelven en las sentencias de amparo.

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