“Porque es totalmente atentatoria a la autonomía municipal, ya tengo lista una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Privada”, manifestó en días pasados el senador Ernesto Ruffo Appel (PAN).Este ordenamiento se enmarca dentro de esa estrategia desde el Poder Ejecutivo que se le llamó “Mando Único”, con el que se pretende centralizar todos los asuntos de seguridad pública y dejar sin capacidada los municipios y los Estados, precisa.
Además, que a través de un Registro Único Federal se consolide la aprobación de la autorización de estas empresas de seguridad privada en cualquiera de los más de 2 mil municipios, “a mi juicio, es inaceptable. Secunda lo del Mando Único que es donde sustentamos nuestra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior”, sostiene el senador bajacaliforniano.
“Pero no solo es anti-municipalista, es anti federalista” considera, por otra parte, el senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del grupo parlamentario PT-Morena. “Es una ley anticonstitucional, esto es no tiene fundamento constitucional. Se van a amparar en contra de esta ley”, afirma.
Esta Ley no puede ser Reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución, puesto que dicho precepto solamente norma a la seguridad pública y no a la seguridad privada. Ni en la Constituciónni en ninguna ley general o federal se establece que la seguridad privada es coadyuvante o auxiliar de la seguridad pública, puntualiza el legislador poblano.
El pasado 25 de abrilaprobó el Senado de la República con 57 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones esta Ley General de Seguridad Privada. La minuta se remitió a la Cámara de Diputados.
Destacan entre sus objetivos: distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas para regular los servicios de seguridad privada que presten los particulares que cuenten con autorización única. Establece los procedimientos y condiciones para prestar los servicios de seguridad privada a través de trámites sencillos.
“Estoy de acuerdo que se ocupa un marco general para que se regule la actuación de las policías privadas, que son del ámbito preventivo y sí se necesitan”, comenta el senador panista por Baja California.
Pero naturalmente, el presidente municipal y su cabildo tienen que dar la primera aprobación.“De lo contrario, le van a ir a meter policías de no sé dónde y va a perder control de la seguridad preventiva. Esto es gravísimo”, dice con la experiencia que le dio ser alcalde de Ensenada antes de ejercer la gubernatura.
Pero no es el sentir del senador José María Tapia Franco (PRI), quien dijo que de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2016, la demanda de servicios de empresas de seguridad privada alcanzó un valor de 28 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de180% respecto al 2012.
Consideró que la falta de regulación en la materia ha generado un vacío legal que permite operar a empresas de seguridadsin tener un registro y al margen de la ley por lo que se convierten en un riesgo para los ciudadanos que contratan estos servicios.
Se requiere una regulación a nivel nacional, que supervise, certifique a las empresas de seguridad privada y dé certezay seguridad a quienes las contratan, dijo Tapia.
