Son 38 los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, entre personal administrativo y jueces o magistrados, que son investigados y sujetos a medidas cautelares por presuntas malas actuaciones en el ejercicio de sus funciones.
Incluso, algunos juzgadores sancionados, suspendidos o cesados por “evidente incompetencia” durante el primer año de administración del ministro Arturo Zaldívar, también buscan que la Suprema Corte revierta su castigo.
Esto mediante litigios emprendidos contra las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y que están en manos de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sean analizados próximamente por alguna de las dos salas.
En caso de que esto pase y las resoluciones les favorezcan, lo cual podría tardar varios meses o hasta años, el Consejo de la Judicatura Federal deberá descongelar una cantidad de dinero dentro de un paquete de 32 millones de pesos para reponerles sus salarios y prestaciones, según datos de la Cuenta Pública 2019.
“Treinta y ocho servidores públicos de áreas administrativas y órganos jurisdiccionales a nivel nacional, se encuentran sujetos a una medida cautelar recibiendo únicamente la tercera parte de su sueldo en tanto se determine su situación administrativa”, señala el documento.
Por ejemplo, en 2019 el CJF destituyó a un juez de distrito de Veracruz por supuestos actos de corrupción.
Se trata de Anuar González Hemadi, quien expidió un amparo a un joven acusado de abusar sexualmente, junto con dos de sus amigos, de una menor de edad en 2015.
Este juzgador impugnó su destitución ante la Suprema Corte sin embargo, la emergencia sanitaria que ha paralizado parte de las actividades del máximo tribunal del país por el Covid-19, ha retrasado su caso.
La revisión administrativa que promovió en el máximo tribunal del país está en manos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuya ponencia ya revisa el caso para que sea sometido a análisis del pleno de ministros.
El 7 de agosto de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó e inhabilitó por 10 años al juez federal Carlos Ríos por presunto hostigamiento sexual y laboral en un juzgado de Jalisco.
El juzgador impugnó la resolución del procedimiento disciplinario 36/2014-III y su caso está siendo revisado por el ministro Fernando Franco.
El 11 de noviembre del año pasado, en sesión privada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por mayoría de votos la inhabilitación y cancelación de la pensión complementaria a un magistrado de Circuito de Puebla acusado de acosar sexualmente a una de sus empleadas, entre 2011 y 2013.
El número de juzgadores en funciones con que cuenta el CJF es de 838 magistrados y magistradas de circuito, de los cuales 692 corresponden a tribunales colegiados ordinarios, 55 a tribunales colegiados auxiliares, 90 a tribunales unitarios ordinarios y uno a tribunales unitarios auxiliares.
Por lo que respecta a los juzgados de distrito, la distribución de 418 jueces es de 398 en juzgados de distrito ordinarios y 20 en los de distrito auxiliares; además hay 159 jueces y juezas que integran los centros de justicia penal federal y ocho que integran el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de las Comunicaciones.
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