La diputada local Betty Chávez invitó al Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, a visitar Parral para despejar dudas e inquietudes de cada uno de los ayuntamientos del Distrito 21, quienes se acercaron a la legisladora, para conocer más a fondo el proceso de la aprobación de la Ley de Fiscalización y, en términos simples, saber de qué se trata.
“Como parte de la Comisión de Transparencia –declaró Chávez Mata– estamos revisando de manera minuciosa dicha Ley para asegurarnos que sea una verdadera herramienta de apoyo y, sobre todo, apegada a la realidad”, sostuvo.
Por su parte, Acosta Félix dio a conocer que ha estado visitando a los presidentes municipales de Ciudad Juárez, Armando Cabada; de Chihuahua, Maru Campos; así como a Carlos Tena, de Cuauhtémoc, y este día se reunirá con Alfredo Lozoya, alcalde de Parral, con el propósito de explicarles las políticas a seguir para los efectos a que haya lugar en la relación de la Auditoría Superior con los entes auditados, incluyendo Gobierno del Estado, y establecer las bases de tales revisiones.
Resaltó la importancia del papel que juegan los medios de comunicación en tal procedimiento para transmitir el propósito de empujar una nueva Ley de Fiscalización de una forma sencilla.
El Auditor recordó que en 2015 se dio la reforma a nivel constitucional en la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual pretendería a su vez, crear disposiciones jurídicas para fortalecer, precisamente, el combate a la corrupción, como la propia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la General de Responsabilidades Administrativas como principales instrumentos jurídicos que tienen que ser replicados en los estados.
Advirtió que el plazo para que las entidades federativas adoptaran tales disposiciones venció en 2017, de tal forma que únicamente Chihuahua, Tabasco y Durango no han actualizado su ley en la materia, “por lo que no se ha puesto en marcha, en términos generales y completos, el Sistema Estatal Anticorrupción que implica la posibilidad, entre otras cosas, de que la Auditoría Superior del Estado, cuando detecta un acto de corrupción, pueda establecer acciones a través de la cual sean resarcidos recursos que hayan sido utilizados en beneficio de un particular por un servidor público e iniciar un procedimiento de responsabilidades que pueda incluso llevar a una suspensión o inhabilitación”, detalló.
Explicó que otra vía es la denuncia penal en contra de servidores públicos que han caído en actos de corrupción e insistió en lo importante de la actualización de dicha disposición jurídica “y por eso hemos venido empujando ante el Congreso del Estado para que sea emitida lo más pronto posible”, manifestó.
Betty Chávez aclaró que se trabaja desde el periodo anterior en el análisis de la ley para generar la armonización con la norma federal y se persiste ante las Comisiones Unidos del Congreso local para que, una vez aprobada, sea funcional, de utilidad y apegada a derecho.
“Quelos mecanismos legales no generen omisiones y puedan existir los contrapesosnecesarios en su aplicación sin dejar huecos que generen incertidumbres”,expresó la representante del Distrito 21 y finalizó resaltando la pluralidad deideologías políticas con el objetivo común de que el Estado y sus institucionesavancen con los equilibrios indispensables.
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