/ miércoles 9 de diciembre de 2020

Rechazan Canacintra y Coparmex acuerdo con Gobierno Federal en materia de subcontratación

El consentimiento en estas cláusulas perjudicaría además seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas

Rechazan el acuerdo con ejecutivo federal en materia de subcontratación, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declarando que la iniciativa que pretende coartar la libertad atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas.

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El consentimiento en estas cláusulas perjudicaría además seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

Ante ello, los organismos mencionados han decidido no acceder al acuerdo presentado por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola postergada sólo a la subcontratación especializada.

Además también rechazan que se pretenda afrentar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. La responsabilidad fundamental por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit y el Imss, en sus actividades de fiscalización.

Con esto es una derivación ilógica que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría.

Quieren dejar en claro que están a favor de las destrezas legales que favorecen la creación de empleos y promueven a inversionistas con dimensión social.

Insisten en su disposición de mantener la plática abierta y liberal en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal y, en su instante, con cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión para conseguir una ley que prevalezca en su posición en la materia de regulación sí, prohibición no.

El diálogo debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses.

Esta libertad de contratación debe permitirse sin más términos que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y, desde luego, la creación de más y mejores empleos, de tal manera que los trabajadores contratados bajo esa modalidad tengan un ejercicio pleno de sus derechos.

Rechazan el acuerdo con ejecutivo federal en materia de subcontratación, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declarando que la iniciativa que pretende coartar la libertad atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas.

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El consentimiento en estas cláusulas perjudicaría además seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

Ante ello, los organismos mencionados han decidido no acceder al acuerdo presentado por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola postergada sólo a la subcontratación especializada.

Además también rechazan que se pretenda afrentar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. La responsabilidad fundamental por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit y el Imss, en sus actividades de fiscalización.

Con esto es una derivación ilógica que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría.

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