En Santa Anita, una comunidad ubicada en Guachochi, el creciente nivel de violencia provocado por el crimen organizado ha llevado al desplazamiento forzado de al menos seis familias en lo que va del año hasta antes de los hechos del pasado lunes; de acuerdo a lo expuesto en los hechos recientes se pueden detectar la violación a mínimo seis derechos humanos, entre los que se incluye el derecho a la vida, integridad personal y a la paz.
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Personal al interior de la Delegación de Bienestar en Guachochi cuya identidad se pidió fuera reservada por temor a represalias, indicó que de las 34 personas que reciben beneficios de los programas sociales en la comunidad de Santa Anita, se han detectado seis casos de rezago en el cobro de los programas de la Pensión Para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Niños y Niñas Hijos de Madres Trabajadoras.
La fuente al interior de la oficina de Bienestar indicó que estos rezagos en los pagos pueden estar relacionados con diversas circunstancias, como enfermedades y, en algunos casos, incluso con el desplazamiento forzado ocasionado por la violencia.
Aunque los medios de comunicación han registrado los hechos más recientes a partir del 5 de junio, es importante resaltar que la violencia en esta comunidad ha sido una constante a lo largo del año 2023.
En la pacífica comunidad de Santa Anita, ubicada en lo profundo de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, según lo narrado por personal que recorre ese sector para la entrega de programas sociales, la vida solía transcurrir sin mayores sobresaltos.
Sin embargo, un oscuro episodio sacudió la tranquilidad de este rincón remoto. Un enfrentamiento armado que se desencadenó en Santa Anita el pasado martes dejó a sus habitantes atónitos y temerosos por su seguridad.
La tragedia cernió sobre Santa Anita cuando un hombre fue decapitado cerca de la iglesia del pueblo. El macabro hallazgo de su cabeza a cierta distancia del cuerpo acentuó la crudeza del acto. Junto a este espantoso crimen, una camioneta calcinada y la fachada de la iglesia, marcada por numerosos impactos de bala, evidenciaron la violencia y la destrucción que interrumpieron este apacible rincón.
La comunidad, profundamente conmocionada por la brutalidad de los sucesos, quedó sumida en el miedo y la incertidumbre. Las autoridades acudieron prontamente a la escena y emprendieron una minuciosa investigación, recogiendo cerca de 741 casquillos que se esparcían como sombrías huellas de la tragedia.
La comunidad de Santa Anita se encuentra a 37.1 kilómetros de la cabecera municipal de Guachochi. Los residentes presenciaron un acto violento en el que un hombre fue decapitado cerca de la iglesia, y su cabeza fue encontrada a cierta distancia de su cuerpo.
Con esto ocurriendo, el personal al interior de la dependencia espera que la cantidad de personas rezagadas en el cobro de los programas de Bienestar aumente para el próximo pago programado en julio, ya que la ola de violencia pronostica un éxodo de personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen en busca de seguridad y protección para ellos y sus familias.
Diferentes autoridades religiosas han señalado que es fundamental que se refuerce la seguridad en la comunidad y se implementen estrategias efectivas para brindar apoyo a las familias afectadas por el desplazamiento forzado y garantizar que puedan acceder a los programas sociales destinados a mejorar su bienestar.
Además e ha señalado que la situación en Santa Anita refleja la grave problemática de la violencia del crimen organizado en algunas regiones de Guachochi, donde la población se encuentra vulnerable y en riesgo constante.
Por lo anterior se expuso que es necesario que las autoridades a nivel estatal y federal trabajen en conjunto para encontrar soluciones integrales que promuevan la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos en estas comunidades afectadas.
Más de seis violaciones a los Derechos Humanos
A pesar de las diversas estrategias implementadas por las autoridades gubernamentales, la situación en la Sierra Tarahumara continúa agravándose y los habitantes de estas comunidades van y vienen de su lugar de origen, todo dependiendo de la situación.
En el contexto de Santa Anita, Juan Portillo Díaz, Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH) indicó que se pueden identificar mínimo seis violaciones a los derechos humanos y detalló que algunas de las infracciones más evidentes son:
Derecho a la vida: La decapitación del hombre y el enfrentamiento armado implican una violación grave del derecho fundamental a la vida. Derecho a la integridad personal: Los actos violentos, incluida la decapitación, constituyen una violación del derecho a la integridad personal, que protege a las personas de cualquier forma de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Derecho a la seguridad personal: El enfrentamiento armado y la presencia de hombres armados en la comunidad generan un ambiente de inseguridad y temor para los habitantes de Santa Anita, lo cual vulnera su derecho a la seguridad personal.
Derecho a la libertad de movimiento: El desplazamiento forzado de las familias y el éxodo de los habitantes que abandonaron la comunidad como resultado de la violencia limita su derecho a la libertad de movimiento.
Derecho a la libertad de religión: La profanación y los daños causados a la iglesia de la localidad constituyen una violación del derecho a la libertad de religión y culto, ya que impide a los habitantes practicar su fe en un entorno seguro.
A esto se le suma el derecho a la paz y la seguridad: La presencia del crimen organizado y la violencia recurrente en la comunidad amenazan el derecho a vivir en un ambiente de paz y seguridad, fundamental para el bienestar y la dignidad de las personas.
