La Diócesis de la Tarahumara en su apartado de introducción del documento “Compromiso por la Paz” expone que los siete puntos fueron seccionados en diferentes rubros para el ámbito municipal como resultado de un proceso de escucha y de la recuperación de buenas prácticas en comunidades, personas de los municipios de Guachochi y Batopilas, en donde tienen la certeza de que la paz se construye desde lo local, desde las familias.
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Ello, según se asegura en el mismo atendiendo los contextos con la participación de todos los sectores, con una mirada a mediano y largo plazo, por lo que eso implica la corresponsabilidad y la exigencia de construir las políticas necesarias, fortaleciendo el estado de derecho para recuperar la paz.
“México enfrenta desde hace casi 18 años una de las crisis de violencia más graves de su historia contemporánea. Se trata de una realidad compleja y multicausal. En el ámbito comunitario encontramos que las principales instancias de socialización, como son la familia y la escuela, se encuentran en crisis. Hay una desconfianza generalizada que afecta la vida social e institucional. El predominio de la lógica económica e individualista está llevando al deterioro de la vida social y ambiental”, se expone en el texto del documento que hoy mismo firmaron los candidatos.
De la misma manera se exhibe que en el ámbito institucional se tiene un sistema de justicia rebasado, donde imperan la impunidad, la corrupción y el enfoque punitivo; además de un sistema de seguridad fragmentado con falta de estrategias territoriales, la rendición de cuentas y transparencia, los cuales son retos que no han sido superados. Además el sistema penitenciario como propuesta de reinserción social ha fracasado porque se abusa de la pena de prisión, cuando muchos casos podrían resolverse con medidas alternativas y con un enfoque de justicia restaurativa.
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Ante ello, surge el Diálogo Nacional por la Paz convocado por Obispos, Jesuitas, vida religiosa y laicos e integrado también por otras confesiones religiosas, organizaciones sociales, académicos, comunidades, jóvenes, colectivos, empresas, indígenas y víctimas. Es un proceso que ha convocado a expertos para sistematizar y construir propuestas de política pública. La intención es tender puentes y crear redes entre los diferentes actores de la sociedad para construir las respuestas que hoy necesita el país y nuestros municipios.
Se asegura que el movimiento se ha dado a la tarea de recuperar buenas prácticas en tejido social, justicia y seguridad en los 32 estados de la República, logrando identificar 300 experiencias exitosas tanto de la sociedad civil como de gobiernos municipales, las cuales se practican en familias, barrios, escuelas públicas y privadas, universidades, centros de trabajo, parroquias y programas de gobierno. "Son signos de esperanza para un México herido por la violencia".
Tras esto y considerando que los Gobiernos municipales son los más próximos a la ciudadanía y que tienen condiciones para atender problemáticas cotidianas que determinan la paz de los territorios, es como se presentaron las recomendaciones elaboradas para el ámbito municipal del documento: “Compromiso por la Paz (2024)” que se derivan de la Agenda Nacional de Paz (2023).
"Somos conscientes de que existe una diversidad de municipios caracterizados por el tamaño de su población o su identidad cultural, así como el nivel de control de sus autoridades por las economías criminales. Por tanto, estas propuestas han sido adaptadas para nuestros municipios, según dichas características y sus problemáticas particulares ancladas en el corazón de la Sierra Tarahumara", justifica el documento que contiene los siete "Compromisos por la Paz".
