Este miércoles 23 de febrero se conmemoran 10 años de la creación de la FEM, cuyo objetivo es trabajar en beneficio de niñas, adolescentes y mujeres de Chihuahua que han sido víctimas de un delito por razones de género, cuando en la entidad hay una ola de asesinatos y agresiones en contra de mujeres.
Tal es el caso de que en Ciudad Juárez, en lo que va del 2022 han asesinado a 21 mujeres, en la zona sur se acaba de registrar la muerte de la síndica de Guachochi y en Parral las asociaciones feministas, señalan que hay casos sin resolver y agresiones a jovencitas de índole sexual y atentados contra su vida, como la ocurrida en Santa Bárbara, donde dos adolescentes fueron atacadas con un arma blanca.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones Género y la Familia, fue creada el 23 de febrero del año 2010, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera un Informe por el caso de la joven Paloma Angélica Escobar Ledezma.
De acuerdo con los antecedentes, en marzo de 2002, Paloma Angélica Escobar Ledezma, una jovencita de 16 años, desapareció y fue víctima de feminicidio en la ciudad de Chihuahua. Su caso no fue investigado con la debida diligencia y el 13 de febrero del año 2010, la CIDH emitió el Informe de Fondo 87/2010.
La familia de Paloma decidió llegar a un acuerdo amistoso con el Estado Mexicano y como una forma de cumplir las recomendaciones del informe, se instruyó a la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM).
La principal función de este órgano social es investigar y perseguir de manera especializada los delitos relacionados con hechos de violencia familiar y en contra de las mujeres.
Actualmente cuenta con instalaciones en diferentes partes del estado, como: La ciudad de Chihuahua, Juárez, Delicias, Saucillo, Parral, Cuauhtémoc, Guachochi y Guerrero.
En estas oficinas se atienden casos de violencia familiar, delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, delitos de carácter sexual (hostigamiento sexual, acoso, abuso sexual y violación), reportes de ausencia de mujeres y niñas no vinculadas a la delincuencia organizada, feminicidios, trata de personas y discriminación por razones de género.