Chihuahua víctima de la tala ilegal; crimen organizado desincentiva la denuncia de este ilícito, por tal motivo, en la Cámara de Diputados, se propone reformar y adicionar los artículos 418, 419 y 423 del Código Penal Federal.
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer los resultados de la la Mesa de Judicialización, creada en el Gabinete de Seguridad, “Puntos Críticos de Tala Ilegal y Deforestación” y coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), donde se generaron acciones para erradicar la tala ilegal debido al daño que ocasiona a ecosistemas.
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Se busca reformar los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal, así como fortalecer el carácter social del artículo 423 del mismo ordenamiento para proteger a la población rural e indígena que hace uso doméstico de los recursos forestales maderables, evitando su criminalización.
Se destaca que Chihuahua es una de las entidades donde se tiene detectada la tala ilegal, esto de acuerdo a los reportes y aseguramientos de madera sin etiquetar en esta región; esto citando los dos mil trozos de madera y 15 mil 505 metros cúbicos de madera en rollo; que fueron confiscados en su momento.
Uno de los principales delitos que se cometen en la Sierra Tarahumara en contra del patrimonio de ejidatarios y pueblos originarios es la tala ilegal de árboles, misma que está regulada por la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La iniciativa tiene por objeto salvaguardar la protección y cuidado del derecho humano al medio ambiente sano a través del fortalecimiento de disposiciones que prevén responsabilidades por el daño y deterioro ambiental, que se ocasiona por llevar a cabo actividades de tala de árboles, sin contar con la autorización previa de la autoridad competente.
Se considera que la debilidad del estado de derecho y la inactividad en los gobiernos pasados generaron corrupción, insuficiente inspección y vigilancia, presencia de la delincuencia organizada e impunidad, lo que facilitó la extracción clandestina y el “lavado” de materias primas forestales.
De acuerdo a la información expuesta a través de un comunicado, esta problemática fue tomada en cuenta por administraciones pasadas, por lo que creció de forma alarmante, y se quedó el crimen organizado en control de las regiones forestales, lo que ha desincentivado la denuncia.
A nivel nacional, la Profepa, organismo dependiente de la Semarnat, ha identificado 122 zonas críticas en materia de cortas ilegales, lo que ha permitido planear y focalizar acciones de manera más eficiente y oportuna.
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