/ viernes 14 de agosto de 2020

Indígenas son obligados a pertenecer a partidos y religiones: Gobernadora rarámuri

María Luisa Bustillos partició en un foro virtual sobre derechos convocado por la CEDH

Cuauhtémoc, Chih.- La gobernadora de la Ciénega de Norogachi, municipio de Guachochi, María Luisa Bustillos García, aseguró que a los indígenas los han obligado a pertenecer a un partido político y a una religión, lo anterior durante un foro virtual sobre derechos convocado por la CEDH, donde se pronunció porque los pueblos originarios realmente sean consultados para la designación de regidores y diputados indígenas.

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Durante el webinar “Derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, Bustillos García aseguró que para una participación efectiva en los cargos públicos, cada pueblo tendría que elegir a sus candidatos. “Sería el mismo pueblo rarámuri quien eligiera a estas personas, no llegarían por ningún partido político”.

Lo anterior debido a que se promueven en el Congreso del Estado cuatro reformas, donde a la par la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (Coepi) ha promovido a su vez cuatro consultas a indígenas de al menos 29 municipios con presencia de pueblos, de las cuales están dos pendientes y tienen que ver con la reforma a los códigos del Ayuntamiento de cada Gobierno Municipal y de la propia ley estatal para asignar diputaciones a indígenas.

La Gobernadora destacó que para municipios como Guachochi donde el 70% de la población es indígena, sería de gran trascendencia la participación de personas de las etnias en dichos puestos públicos, sin embargo exigió que las consultas se lleven a cabo como un derecho, no como una imposición, y se descarte completamente la participación de partidos políticos.

Defendió la forma de vida que han heredado de sus antepasados, como el respeto y la conexión con la naturaleza, donde dijo están la justicia y la alegría. “Vivimos la sociedad ancestral y la sociedad chabochi. Vivimos completamente diferente a la cosmovisión. Se vive en una desigualdad, ignorando a los pueblos originarios. No somos tomados en cuenta en consultas, apenas se está iniciando”.

Agregó que viven en la exclusión económica, donde los gobiernos los han hecho sentir que son un estorbo y una vergüenza para el país, cuando es todo lo contrario. “Nuestras leyes existieron primero que la constitución mexicana. Aún se siguen aplicando al pie de la letra”.

Expuso que los han debilitado los partidos, las religiones, la discriminación y la falta de oportunidades en diferentes programas. “Vivimos discriminados por nuestro color, nuestra lengua materna, nuestro aspecto físico y nuestra vestimenta”.

Sin embargo, se cuestionó porqué no ha habido una participación de indígenas en los puestos públicos. “No nos creen capaces, aún habiendo una mayoría de pueblos originarios en el estado y el país. Se puede tener una buena representación a nivel estado y a nivel federal”.

En dicho foro participaron también la titular de Coepi, María Teresa Guerrero; la diputada por el Distrito 13 con cabecera en Guerrero, Rocío Sarmiento; así como representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Estatal Electoral, entre otros ponentes.



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Cuauhtémoc, Chih.- La gobernadora de la Ciénega de Norogachi, municipio de Guachochi, María Luisa Bustillos García, aseguró que a los indígenas los han obligado a pertenecer a un partido político y a una religión, lo anterior durante un foro virtual sobre derechos convocado por la CEDH, donde se pronunció porque los pueblos originarios realmente sean consultados para la designación de regidores y diputados indígenas.

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Durante el webinar “Derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, Bustillos García aseguró que para una participación efectiva en los cargos públicos, cada pueblo tendría que elegir a sus candidatos. “Sería el mismo pueblo rarámuri quien eligiera a estas personas, no llegarían por ningún partido político”.

Lo anterior debido a que se promueven en el Congreso del Estado cuatro reformas, donde a la par la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (Coepi) ha promovido a su vez cuatro consultas a indígenas de al menos 29 municipios con presencia de pueblos, de las cuales están dos pendientes y tienen que ver con la reforma a los códigos del Ayuntamiento de cada Gobierno Municipal y de la propia ley estatal para asignar diputaciones a indígenas.

La Gobernadora destacó que para municipios como Guachochi donde el 70% de la población es indígena, sería de gran trascendencia la participación de personas de las etnias en dichos puestos públicos, sin embargo exigió que las consultas se lleven a cabo como un derecho, no como una imposición, y se descarte completamente la participación de partidos políticos.

Defendió la forma de vida que han heredado de sus antepasados, como el respeto y la conexión con la naturaleza, donde dijo están la justicia y la alegría. “Vivimos la sociedad ancestral y la sociedad chabochi. Vivimos completamente diferente a la cosmovisión. Se vive en una desigualdad, ignorando a los pueblos originarios. No somos tomados en cuenta en consultas, apenas se está iniciando”.

Agregó que viven en la exclusión económica, donde los gobiernos los han hecho sentir que son un estorbo y una vergüenza para el país, cuando es todo lo contrario. “Nuestras leyes existieron primero que la constitución mexicana. Aún se siguen aplicando al pie de la letra”.

Expuso que los han debilitado los partidos, las religiones, la discriminación y la falta de oportunidades en diferentes programas. “Vivimos discriminados por nuestro color, nuestra lengua materna, nuestro aspecto físico y nuestra vestimenta”.

Sin embargo, se cuestionó porqué no ha habido una participación de indígenas en los puestos públicos. “No nos creen capaces, aún habiendo una mayoría de pueblos originarios en el estado y el país. Se puede tener una buena representación a nivel estado y a nivel federal”.

En dicho foro participaron también la titular de Coepi, María Teresa Guerrero; la diputada por el Distrito 13 con cabecera en Guerrero, Rocío Sarmiento; así como representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Estatal Electoral, entre otros ponentes.



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