/ jueves 31 de octubre de 2019

Hasta 6 años de cárcel a “directivo” de Conagua

Marco Antonio R. N. fue imputado ayer por el delito de usurpación de funciones

Un juez del distrito Morelos formuló imputación por el delito de usurpación de funciones al abogado Marco Antonio R.N., quien podría alcanzar seis años de cárcel; se hacía pasar por empleado de la Comisión Nacional del Agua, con el objetivo de expedir formatos falsos para agricultores que deseaban permisos de aprovechamiento de agua para riego.

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Cabe mencionar que se espera que la Fiscalía General de la República finque cargos también por el uso de papelería federal, sin embargo la pena máxima estatal por dicho delito es de uno a seis años de prisión.

El imputado permanece en custodia de agentes de la Unidad de Delitos contra la Paz y la Seguridad de las Personas y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de la Fiscalía Estatal luego de su consignación por parte de agentes de la Dirección de Seguridad Pública.

Como se recordará el individuo fue sorprendido mientras desayunaba en un restaurante de esta ciudad, junto con integrantes de la comunidad menonita, a quienes había citado con el objetivo de hablar sobre un trámite por el cual tenían problemas y el acusado se había comprometido a acelerar.

Según la información recabada, el imputado se hacía pasar por Ricardo Salvador Ballesteros Moreno, quien se desempeña como jefe de Inspección y Medición de la delegación local del Agua.

El Código Estatal castiga en el artículo 284 el delito de usurpación de funciones: A quien sin ser servidor público, valiéndose de cualquier medio, se atribuya ese carácter o ejerza alguna de las funciones de tal cargo, o siendo servidor público, se atribuya un carácter diverso al que le corresponde, se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa.

Se aplicarán las penas previstas en el párrafo anterior, a quien fabrique, comercialice, almacene, transporte o distribuya vestimentas o instrumentos de identificación, de los utilizados por integrantes de instituciones de seguridad pública, sin contar con el permiso respectivo para ello, o a quien teniéndolo, haga uso indebido del mismo.

Un juez del distrito Morelos formuló imputación por el delito de usurpación de funciones al abogado Marco Antonio R.N., quien podría alcanzar seis años de cárcel; se hacía pasar por empleado de la Comisión Nacional del Agua, con el objetivo de expedir formatos falsos para agricultores que deseaban permisos de aprovechamiento de agua para riego.

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Cabe mencionar que se espera que la Fiscalía General de la República finque cargos también por el uso de papelería federal, sin embargo la pena máxima estatal por dicho delito es de uno a seis años de prisión.

El imputado permanece en custodia de agentes de la Unidad de Delitos contra la Paz y la Seguridad de las Personas y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de la Fiscalía Estatal luego de su consignación por parte de agentes de la Dirección de Seguridad Pública.

Como se recordará el individuo fue sorprendido mientras desayunaba en un restaurante de esta ciudad, junto con integrantes de la comunidad menonita, a quienes había citado con el objetivo de hablar sobre un trámite por el cual tenían problemas y el acusado se había comprometido a acelerar.

Según la información recabada, el imputado se hacía pasar por Ricardo Salvador Ballesteros Moreno, quien se desempeña como jefe de Inspección y Medición de la delegación local del Agua.

El Código Estatal castiga en el artículo 284 el delito de usurpación de funciones: A quien sin ser servidor público, valiéndose de cualquier medio, se atribuya ese carácter o ejerza alguna de las funciones de tal cargo, o siendo servidor público, se atribuya un carácter diverso al que le corresponde, se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa.

Se aplicarán las penas previstas en el párrafo anterior, a quien fabrique, comercialice, almacene, transporte o distribuya vestimentas o instrumentos de identificación, de los utilizados por integrantes de instituciones de seguridad pública, sin contar con el permiso respectivo para ello, o a quien teniéndolo, haga uso indebido del mismo.

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