Ocho familias huyeron de la comunidad de Dolores en dirección al norte del estado, desplazados por actos de violencia que ejercen grupos criminales en el municipio de Guadalupe y Calvo, una de estas personas narra a esta Casa Editora cómo fue que criminales los expulsaron de sus viviendas y las solicitudes que les hacían para apoyar sus negocios, por lo que, al no acceder, fueron desalojados de sus casas y propiedades.
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Una persona víctima de desplazamiento, cuya identidad pidió fuera reservada por temor a represalias, narró que la violencia del crimen organizado, lo orilló a huir de la comunidad de Dolores en Guadalupe y Calvo, rumbo a Parral; “Tuvimos que salir corriendo prácticamente, teníamos como 10 años amachándonos para no irnos de Dolores, pero no pudimos aguantar más, porque o nos metíamos a la maña, o salíamos huyendo… nosotros somos personas de bien”.
Señaló que nada de lo que ocurre se denuncia ante las autoridades, ya que tanto militares, como elementos estatales y federales, están coludidos con las fuerzas armadas del crimen organizado, que tienen presencia en Guadalupe y Calvo, según lo argumentado por el propio entrevistado.
“Esta es una situación se viene arrastrando desde hace aproximadamente 10 años y frecuentemente los habitantes de las comunidades se van y vuelven, en repetidas ocasiones han tenido que dejar atrás todo lo que les importa”.
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Propiedades y viviendas en el abandono
Una vivienda, amigos, familiares, animales y otras propiedades, han tenido que dejarse en el abandono, luego de que la violencia acabara con las garantías individuales de este sector, que abandonó su lugar de residencia; “Yo dejé a los animales de mi granja abandonados, nosotros teníamos nuestras tierras, donde sembrábamos frijol y maíz, pero pues ahora vivimos de arrimados, la mayoría de los que salimos huyendo”.
Comentó que actualmente carece de una vivienda, por lo que solicita a las autoridades, se tomen cartas en el asunto para que se les brinden garantías básicas, como el derecho a la vivienda y a la seguridad.
En los últimos dos años, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, acumula más de 200 casos de familias afectadas, pero ninguno se registró por la denuncia de afectados, ya que todos los datos de la CEDH son recopilados de medios de comunicación.
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Lo anterior, fue expuesto por Luis Salcido, Visitador de la CEDH, quien añadió que las quejas se registran de oficio, después de que se hacen públicos los casos; actualmente en comunidades serranas, las personas tienen dos opciones; “O se quedan para integrarse a las fuerzas del crimen organizado, o salen huyendo”.
Las quejas que se hacen públicas son pocas, tomando en cuenta que la situación real no se tiene visibilizada y actualmente las corporaciones que se señala están corrompidas minimizan el problema de inseguridad.
A nivel nacional, la zona de Guadalupe y Calvo, históricamente ha tenido antecedentes de la presencia de fuerzas delictivas, zonas por donde han caminado la mayoría de los capos mexicanos que actualmente se dice son buscados y algunos otros detenidos, según datos de las autoridades mexicanas.
