Hasta 12 años en los tribunales locales y federales han durado algunos asuntos de legítimos reclamos que comunidades indígenas han realizado y que las autoridades, con indolencia y poca voluntad política, han dejado en el olvido: “nosotros vemos muy claro el racismo y la discriminación en esta actitud por parte de las autoridades”, dice Diana Villalobos, Directora de Consultoría Técnica Comunitaria, organización civil que asesora a diversas comunidades de la Sierra Tarahumara en la defensa de su territorio ancestral.
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Por lo anterior, las comunidades han decidido elevar sus reclamos a instancias internacionales, con la esperanza de que de esta forma, el Estado Mexicano responda a sus reclamaciones; fue el pasado viernes, cuando la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara (Redeti) informó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por seis comunidades que asesora la Redeti, de la cual forma parte Contec.
Las comunidades demandantes son: Arroyo del Pajarito, municipio de Guachochi; Bawinocachi, municipio de Bocoyna; Coloradas de la Virgen y Mala Noche, ambas del municipio de Guadalupe y Calvo; así como las comunidades de Huitosachi y Mogótavo, del municipio de Urique, todas del estado de Chihuahua.
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Se trata de la primera vez que la CIDH admite una solicitud en el tema de la defensa de territorios ancestrales indígenas de la Sierra Tarahumara, por lo que su decisión será un parteaguas a nivel nacional e internacional, en cuestión del despojo de territorios indígenas.
Para ejemplificar la lentitud judicial, se informó que el caso en Malanoche es una solicitud que se realizó desde 2010 a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que no ha sido resuelta y es un procedimiento administrativo: “se tuvo que presentar un amparo porque lo único que falta es que se haga la publicación en el Diario Oficial de la Federación de que es terreno nacional, pues ya se notificó y se hizo el deslinde, ya se tuvo la reunión con la comunidad, el último procedimiento a la fecha van tres años”, comentó Villalobos.
A raíz de lo anterior, se presentó un amparo alegando la falta de publicación del decreto, así como el constante aplazamiento para resolver un simple procedimiento administrativo, y la Sedatu, en vez de resolver, se inconformó.
“Éste olvido es cuestión de voluntad política, para nosotros es clara la discriminación y el racismo al momento de resolver y atender los asuntos, aparte de los intereses personales de las partes mestizas”, comentó.
Por otro lado, está el caso de Bosques San Elías de Repechique, que en 2017 ganó un juicio de amparo en el que un Juez Federal les reconoce el derecho a la posesión ancestral de su territorio, pero el Congreso de la Unión sigue sin emitir la legislación correspondiente: “hay una estructura jurídica y social que permite el despojo de los territorios indígenas, ese es el enfoque de la petición que hicimos a la CIDH, y cuya resolución será un parteaguas a nivel nacional”, comentó la representante de las comunidades.
Agregó que hay otros temas que han llegado a la Comisión Interamericana, como lo son, el tema de la consulta, el cual está en admisibilidad, y es respecto al proyecto turístico de Barrancas del Cobre; también hay otro asunto, por el rezago social en Choreachi (Pino Gordo), en el municipio de Guadalupe y Calvo, el cual ya llegó a la Corte Interamericana.
Esto, luego de que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos admitió, a solicitud de diversas comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara que conforman la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, la apertura del caso en que se reclama la titularidad de su territorio ancestral, por lo que el organismo internacional solicitó al Estado Mexicano que le informe sobre las acciones que se han tomado en torno a estos reclamos.
Debido a que la lucha de las comunidades indígenas ha sido infructuosa ante los tribunales mexicanos, las comunidades, asesoradas por Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) presentaron el recurso ante la CIDH, por lo que el Gobierno Mexicano tiene tres meses para presentar observaciones en relación a la petición interpuesta.
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La REDETI está conformada por cuatro organizaciones de la sociedad civil: Alianza Sierra Madre A.C (ASMAC), Awé Tibúame A.C. , el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C. (CECADDHI) y Contec - Consultoría Técnica Comunitaria AC.
La finalidad que se persigue es que las comunidades indígenas puedan acceder a través de esta instancia a la justicia que les ha sido negada por décadas por parte de diversas autoridades del Estado Mexicano.
