La tala ilegal en la Sierra Tarahumara ha generado graves consecuencias para las comunidades indígenas que habitan la región; organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos han señalado la relación entre esta actividad y la violencia en la zona, con la pérdida de 24 defensores de los bosques en los últimos 50 años. Además, se destaca la inoperancia de las autoridades en el Triángulo Dorado y la vulnerabilidad de los habitantes no hispanohablantes en estos municipios.
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Citlalli Hernández Saad, coordinadora Nacional de Indigenous Peoples Rights International ha resaltado que la tala ilegal afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara; destacando que los municipios más afectados son Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Madera, donde la población indígena se encuentra en una situación vulnerable.
Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en los municipios donde hay más tala ilegal residen siete mil 268 personas que no hablan español y se comunican únicamente en su lengua indígena.
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Estas personas son las más afectadas sistémicamente por las situaciones generadas por la tala ilegal. Ejemplos como Guachochi, con tres mil 652 personas no hispanohablantes, y Bocoyna, con 105 personas, muestran la situación de vulnerabilidad de estas comunidades.
La tala ilegal en la Sierra Tarahumara ha aumentado de forma preocupante en los últimos años. Se ha documentado la existencia de una extensa red de complicidades entre los perpetradores y agentes estatales y no estatales. Esto dificulta aún más el combate a este problema, generando violaciones a los derechos humanos y colectivos de las comunidades indígenas.
Las personas defensoras del medio ambiente, el agua, el bosque y los derechos humanos se ven obligadas a luchar en el anonimato debido al peligro que implica alzar la voz. Han enfrentado agresiones físicas, verbales y psicológicas por oponerse a los intereses de criminales, empresarios y políticos que se benefician de la tala ilegal. Algunos han pagado con su vida por defender sus territorios y recursos naturales.
Se han documentado omisiones por parte del Estado ante las actividades de los grupos delincuenciales en la zona, generando escenarios de violencia que propician la explotación forestal y aumentan el nivel de violencia sobre los pueblos indígenas. La inoperancia de las dependencias gubernamentales de seguridad, medio ambiente y fiscalización ha generado una falta de acciones significativas para detener la extracción forestal ilegal.
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Exhortan a la protección de las comunidades indígenas
Por lo anterior, resulta fundamental que las autoridades y las organizaciones pertinentes tomen medidas efectivas para detener la tala ilegal y proteger los derechos y el patrimonio de estas comunidades indígenas, esto para esto permitir preservar su riqueza cultural y su vínculo con la tierra ancestral.
La magnitud de la tala ilegal en la Sierra Tarahumara es alarmante. La devastación de los bosques, que alguna vez albergaron una diversa flora y fauna, se refleja en la cotidianidad de las personas afectadas, donde ahora se observa destrucción en lugar de vida. La pérdida de recursos forestales y la degradación ambiental afectan directamente los medios de subsistencia de las comunidades indígenas y su conexión con el entorno natural.
Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la tala ilegal se extiende a 28 estados de la República Mexicana. Destacan Veracruz, Jalisco y Guanajuato como los estados con mayor incidencia. En Chihuahua, la situación se ha agravado en las últimas dos décadas, con un aumento significativo en el número de zonas críticas para la actividad forestal.
La debilidad del Estado de Derecho y la inactividad en los gobiernos pasados han generado corrupción, insuficiente inspección y vigilancia en estas regiones. La autorización de permisos de aprovechamiento forestal a personas que indebidamente ostentan títulos sobre los territorios indígenas ha permitido la explotación legal e ilegal de los bosques, generando violaciones a los derechos humanos y colectivos.
Las comunidades indígenas y las organizaciones de la sociedad civil han presentado múltiples denuncias ante instancias competentes como la Profepa, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Sin embargo, las acciones realizadas hasta el momento no han logrado detener eficazmente la tala ilegal. Es urgente que se implementen medidas efectivas para detener esta problemática y proteger los derechos de las comunidades indígenas.
