/ miércoles 5 de agosto de 2020

Firma Chihuahua convenio de colaboración para combatir delitos fiscales

Se convirtió en el primer estado del país en firmar un acuerdo de este tipo para combatir de manera frontal y conjunta la corrupción y la impunidad e inhibir así las conductas delictivas

El Gobierno de Chihuahua y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación, firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información que permita combatir los delitos fiscales y financieros que se cometan o hayan sido cometidos en el estado, incluyendo actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas

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Con la firma del documento por parte del gobernador Javier Corral y el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, Chihuahua se convirtió en el primer estado del país en firmar un convenio de este tipo para combatir de manera frontal y conjunta la corrupción y la impunidad e inhibir así las conductas delictivas.

“Estamos muy contentos de ser los primeros en firmar este convenio. Vamos a implementar en el estado de Chihuahua, mediante la coordinación con la Federación, la nueva reforma penal fiscal para combatir diversos delitos: la compra-venta de facturas falsas, las empresas fantasmas, los prestanombres, a la delincuencia organizada, a los beneficiarios finales de la evasión fiscal”, expresó el gobernador Javier Corral.

El evento en Palacio Nacional contó con la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, como testigo de honor, así como la participación del secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez.

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que los delincuentes fiscales siempre dejan huella en sus delitos, un rastro que en los procesos penales se denomina evidencia, misma que se utilizará para combatir la evasión fiscal.

Afirmó que los llamados factureros mermaron la Hacienda Pública y durante la última década, se calcula que cuando menos cada año se robaban cerca de 350 mil millones de pesos.

Lamentó que en ocasiones el dinero que llega a las empresas fantasmas proviene de los diferentes órdenes de Gobierno, que dejan de utilizarse en los servicios a la ciudadanía, porque a través de los funcionarios se forman pactos criminales.

Explicó que ese tipo de operaciones siempre dejan huella porque las empresas se inscribieron en el RFC, se constituyeron ante un notario, dieron un supuesto domicilio, emitieron facturas electrónicas o digitales con operaciones simuladas y debieron presentar declaraciones fiscales para proveer su servicio ilegal.

El Gobierno de Chihuahua y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación, firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información que permita combatir los delitos fiscales y financieros que se cometan o hayan sido cometidos en el estado, incluyendo actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas

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Con la firma del documento por parte del gobernador Javier Corral y el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, Chihuahua se convirtió en el primer estado del país en firmar un convenio de este tipo para combatir de manera frontal y conjunta la corrupción y la impunidad e inhibir así las conductas delictivas.

“Estamos muy contentos de ser los primeros en firmar este convenio. Vamos a implementar en el estado de Chihuahua, mediante la coordinación con la Federación, la nueva reforma penal fiscal para combatir diversos delitos: la compra-venta de facturas falsas, las empresas fantasmas, los prestanombres, a la delincuencia organizada, a los beneficiarios finales de la evasión fiscal”, expresó el gobernador Javier Corral.

El evento en Palacio Nacional contó con la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, como testigo de honor, así como la participación del secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez.

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que los delincuentes fiscales siempre dejan huella en sus delitos, un rastro que en los procesos penales se denomina evidencia, misma que se utilizará para combatir la evasión fiscal.

Afirmó que los llamados factureros mermaron la Hacienda Pública y durante la última década, se calcula que cuando menos cada año se robaban cerca de 350 mil millones de pesos.

Lamentó que en ocasiones el dinero que llega a las empresas fantasmas proviene de los diferentes órdenes de Gobierno, que dejan de utilizarse en los servicios a la ciudadanía, porque a través de los funcionarios se forman pactos criminales.

Explicó que ese tipo de operaciones siempre dejan huella porque las empresas se inscribieron en el RFC, se constituyeron ante un notario, dieron un supuesto domicilio, emitieron facturas electrónicas o digitales con operaciones simuladas y debieron presentar declaraciones fiscales para proveer su servicio ilegal.

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