CHIHUAHUA, Chih., (OEM).--Un juez federal con sede en Toluca, Estado de México, eliminó orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, por el caso de la "bursatilización", donde detuvieron al exdiputado Fernando Reyes. El Segundo Tribunal Colegiado de Toluca dejó insubsistente otra orden de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte Jáquez por un presunto pago de 2 millones 420 mil pesos al diputado local Fernando Reyes, para que éste aprobara la bursatilización de bonos carreteros. El tribunal ordenó a un juez de Control local de Chihuahua valorar otra vez si se debía o no autorizar el mandato de captura, pues consideró que esta orden de aprehensión fue un fallo que cuestiona el uso de testigos de identidad reservado por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que en la Carta Magna solamente se está autorizado en casos de delincuencia organizada. La Constitución establece específicamente que el único supuesto en que podría mantenerse en reserva el nombre y datos del acusador es en casos de delincuencia organizada, según sentencia del amparo en revisión 296/2018. Por ello, la autoridad responsable deberá exponer los fundamentos y motivos que le permitan decidir si la reserva de identidad por la que optó la Fiscalía para solicitar la orden de captura es legal y a partir de aquí pormenorizar los razonamientos para justificar si existe o no adecuación entre los hechos atribuidos al imputado por parte de testigos protegidos y si éstos se encuentran corroborados con sustento probatorio que obra en la carpeta de investigación.
CHIHUAHUA, Chih., (OEM).--Un juez federal con sede en Toluca, Estado de México, eliminó orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, por el caso de la "bursatilización", donde detuvieron al exdiputado Fernando Reyes. El Segundo Tribunal Colegiado de Toluca dejó insubsistente otra orden de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte Jáquez por un presunto pago de 2 millones 420 mil pesos al diputado local Fernando Reyes, para que éste aprobara la bursatilización de bonos carreteros. El tribunal ordenó a un juez de Control local de Chihuahua valorar otra vez si se debía o no autorizar el mandato de captura, pues consideró que esta orden de aprehensión fue un fallo que cuestiona el uso de testigos de identidad reservado por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que en la Carta Magna solamente se está autorizado en casos de delincuencia organizada. La Constitución establece específicamente que el único supuesto en que podría mantenerse en reserva el nombre y datos del acusador es en casos de delincuencia organizada, según sentencia del amparo en revisión 296/2018. Por ello, la autoridad responsable deberá exponer los fundamentos y motivos que le permitan decidir si la reserva de identidad por la que optó la Fiscalía para solicitar la orden de captura es legal y a partir de aquí pormenorizar los razonamientos para justificar si existe o no adecuación entre los hechos atribuidos al imputado por parte de testigos protegidos y si éstos se encuentran corroborados con sustento probatorio que obra en la carpeta de investigación.
