Por considerarla inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo la denominada Ley Bonilla, con la que se pretendía ampliar el periodo de gobierno del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
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El ministro presidente, Arturo Zaldívar puntualizó que la reforma configuró un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático de nuestro país fraguado por el Congreso de Baja California.
“La reforma entraña una violación al voto público y a la soberanía popular, hubo un fraude poselectoral. Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas es suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada. No se puede utilizar la emergencia sanitaria por la que atravesamos”, señaló Zaldívar.
"Un gran fraude", dice ministro presidente
En la intervención del Ministro Arturo Zaldívar indicó que la Ley Bonilla configura "un gran fraude a la constitución y al sistema democrático".
"El Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar por ley que un gobernador electo por dos años, ejercería el cargo por cinco. Mi análisis constitucional parte de la siguiente premisa fáctica probada en autos: que el proceso electoral 2018-2019 en el Estado de Baja California se inició, desarrolló y concluyó bajo la vigencia plena del artículo 8° transitorio original que establecía una duración de la gubernatura de dos años".
Tras revisar la procedencia de las impugnaciones, el ministro Fernando Franco presentó ante el pleno de ministros su proyecto de sentencia y expuso que no puede haber una elección democrática de gobernantes sin el conocimiento certero de la duración del cargo.
A su vez, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá puntualizó que la llamada Ley Bonilla atropella el derecho al voto de la ciudadanía, pues busca modificar las condiciones mediante las cuales se expresó la voluntad del electoral.
Por su parte el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que la reforma que amplió el mandato de Jaime Bonilla en Baja California es inconstitucional y se sumó a la propuesta de Franco González Salas.
Hasta el momento la discusión del pleno de la SCN continúa y se requiere de al menos ocho ministros que respalden el proyecto de Fernando Franco para revertir la “Ley Bonilla”.
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