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Luego de que fuera presentado a una segunda audiencia, la Juez de Control decidió vincular a proceso al ex coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado durante la administración de Javier Corral, Antonio P.C. por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades con penalidad agravada, al adjudicarse 9 millones de pesos en contratos cuando fungía como titular.
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La juez de Control del Poder Judicial, tras examinar detenidamente las pruebas presentadas, dictaminó que existen suficientes elementos para vincularlo a proceso por el delito que le finca la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Además de esta vinculación a proceso, se ha confirmado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que se mantendrá durante los próximos 6 meses mientras se lleva a cabo la investigación complementaria.
La figura de la prisión justificada se le aplicó al presunto responsable, tras haber mantenido una calidad de prófugo de la justicia y por no atender a los requerimientos que le ordenaba el Tribunal Superior de Justicia, lo que se traducía en una posible evasión de la justicia.
Durante el desarrollo de la audiencia, Antonio P.C. tomó la palabra y se dijo inocente de lo que la Fiscalía le investiga, incluso dijo desconocer al resto de los involucrados en este posible desvío de recursos, y que su detención la relaciona con una revancha política.
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua cumplimentó el día jueves 21 de septiembre a las 14:20 hrs, la orden de aprehensión en contra de Antonio, por hechos cometidos en el año 2018, en cinco distintos eventos con la misma intencionalidad e ilegalidad, utilizando sus funciones, se vio envuelto en la probable comisión de estos delitos.
La detención se se llevó a cabo en Ciudad Juárez, donde también se investiga a Antonio en coautoría con dos personas más, mismas que se encuentran vinculadas a proceso por un juez por estos mismos hechos.
La primera de ellas en su calidad de directora Administrativa de Comunicación Social, en esta ciudad de Chihuahua y la segunda, en su calidad de representante legal de las morales, involucradas de forma ilegal, llevaron a cabo las adquisiciones con cargo al erario estatal, por montos que superan los 9 millones de pesos.
J.A.P.C., y las diversas coautoras tenían la obligación de abstenerse de celebrar contratos adquisitivos con las personas morales Xtreme Sports, S. de R.L. de C.V., Upcon, S.A. de C. V., y, Malcomsat, S.A. de C.V., ya que dichas empresas tenían lazos familiares y conflicto de interés con los representantes de las mismas.
Esta resolución del órgano jurisdiccional refuerza la convicción de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua de actuar con profesionalismo y estricto apego a la ley. Se garantiza en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos, principios fundamentales en el sistema legal.
El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, ha reiterado su compromiso de actuar siempre dentro del marco legal y el Estado de Derecho en todas las etapas del proceso penal. Hace hincapié en que se han dejado atrás prácticas como la tortura física, psicológica y los juicios sumarios que eran comunes en años pasados.
Valenzuela enfatiza que cualquier servidor público involucrado en la posible comisión de un delito por corrupción debe ser llevado ante la justicia, sin excepciones. El deber de la institución es brindar resultados en la lucha contra la corrupción y servir a la ciudadanía de Chihuahua con integridad.
Nota original en El Heraldo de Chihuahua
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