De acreditarse los presuntos actos de corrupción al interior de la Delegación del Bienestar, mismos que fueron denunciados por un exempleado de la dependencia federal, quien presuntamente cuenta con documentos y testimonios de prueba, los servidores públicos que se vean involucrados podrían alcanzar una pena de hasta 14 años de prisión.
Así lo explicó el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fuentes, quien reiteró que para que se llegue a las sanciones administrativas, económicas y penales, se tiene que acreditar plenamente la comisión de un delito.
Tras la denuncia interpuesta por el exfuncionario federal Hugo Ruiz Esparza, el jurista y catedrático Luis Fuentes comentó son varias las sanciones que pudieran acumular los servidores públicos a los que se les compruebe su participación con los hechos señalados, y que entrarían en la categoría de peculado.
“Sin lugar a dudas se trataría de una falta grave prevista en el artículo 53 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que a la letra señala: cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”, comentó el abogado.
Asimismo, explicó que, al tratarse de una falta grave, los involucrados podrían acumular las siguientes sanciones:
Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en:
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión.
II. Destitución del empleo, cargo o comisión.
III. Sanción económica.
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas
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Estas sanciones serían sólo por la vía administrativa, sin embargo, también es sancionable, indistintamente, por la vía penal, y por tratarse de recursos federales, esta situación correspondería a un delito federal.
Al respecto, el Código Penal Federal, establece en su artículo 223, lo siguiente: Comete el delito de peculado:
I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa.
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.
Con recibos y testimonios denuncia presunta corrupción
El exsiervo de la nación Hugo Ruiz Esparza presentó ante El Heraldo de Chihuahua una serie de evidencias que acreditan la presunta comisión de actos de corrupción al interior de la Delegación del Bienestar en Chihuahua, en perjuicio de por lo menos 4 mil beneficiarios de las becas federales para adultos mayores.
El ciudadano Hugo Ruiz explicó que, al percatarse de los actos de corrupción, hizo el señalamiento a sus superiores, sin embargo, éstos ya estaban enterados e incluso al parecer, también reciben dinero de esos actos ilegales, motivo por el cual optó por presentar su renuncia ante la dependencia federal.
Ruiz Esparza explicó que uno de los principales modus operandi que utilizan “los siervos de la nación” para apoderarse del dinero de los adultos mayores, es que van retrasando la entrega de los apoyos bimestrales, y cuando “los abuelitos” se acercan ya sea a las oficinas del Bienestar o a Telecom para tratar de cobrar su apoyo, se les dice que no llegó y que acudan el próximo bimestre.
Luego de haber retrasado la entrega de dos, tres o hasta cuatro bimestres, se les entrega sólo uno o dos pagos, diciéndoles que eso es lo que les llegó, sin embargo, con la firma de los documentos, el beneficiario deja como recibido la totalidad de los apoyos, lo que resulta en que los funcionarios federales se quedan con el resto del apoyo que no se le entregó al beneficiario.
