La denuncia por faltas administrativas graves que interpusieron diputados del Partido Acción Nacional (PAN), en contra del alcalde del municipio de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, se lleva a cabo conforme a lo estipula el trámite, según lo dio a conocer el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela.
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El fiscal aseguró que se está otorgando el trámite correspondiente a los casos en proceso y resaltó la importancia de cuidar el debido proceso y respetar la presunción de inocencia, ya que lo que se busca es dar un enfoque diferente a lo que se tenía de la dependencia, ya que se consideraba el combate a la corrupción como un botín político o una persecución política.
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Valenzuela subrayó la importancia de fortalecer las instituciones, por lo que puso como un hito significativo que ocurre por primera vez en la historia del estado, tres exsecretarios de la pasada administración están siendo sometidos a un proceso judicial.
"En este contexto, el exsecretario de Hacienda de la administración pasada ha decidido sustraerse de la acción de la justicia".
"Además, el exsecretario de Salud, actualmente está vinculado a proceso y ha solicitado un criterio de oportunidad para su caso", dijo el funcionario estatal.
Mientras que el titular del área de comunicación social se encuentra detenido, por lo que se reflejan las acciones dentro del combate a la corrupción.
Cabe recordar que en el caso del alcalde de Ciudad Juárez y expanista, la acusación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de una vivienda valuada en 26 millones de pesos.
Esto, ya que afirman que este monto no concuerda con su salario mensual de 100 mil pesos, según información disponible en Transparencia. Los legisladores detallaron que la acción legal se basa en faltas administrativas graves vinculadas a la renta de una propiedad, respaldada por las declaraciones patrimoniales iniciales y en seguimiento del alcalde y un colaborador cercano, Daniel Pando.
Los integrantes del partido albiazul presentaron copias de cheques utilizados para realizar pagos relacionados con la compra de la propiedad, desafiando la afirmación del alcalde de que se trata de una renta.
