Chihuahua, Chih.- La Auditoría Superior del Estado revisará si Pensiones Civiles del Estado (PCE) recategorizó uno de los “abonos” de la Universidad Autónoma de Chihuahua, aseguró el licenciado Héctor Acosta Félix.
En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, explicó que actualmente se realiza una auditoría forense en Pensiones Civiles del Estado, la Universidad Autónoma de Chihuahua, Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Hacienda y Junta Municipal de Agua y Saneamiento en la capital, entes que representan el 90 por ciento de los pasivos totales de PCE.
Desde el 2019, la Secretaría de Hacienda le quedó a deber a las universidades autónomas de Chihuahua y Juárez 149 millones 089 mil 002 pesos del dinero que se recaudó por concepto de Impuesto Adicional Universitario.
La Secretaría de Hacienda tiene la obligación de entregar el impuesto a las universidades antes mencionadas, que representa el cuatro por ciento sobre una serie de impuestos y derechos que marca la ley de impuestos. En el informe de la Auditoría a la Secretaría de Hacienda se hizo la observación número tres debido a que no se transfirió un importe de 149 millones 089 mil 002 pesos con 21 centavos de un total de 281 millones 665 mil 368 pesos con 21 centavos, es decir, que sólo les entregaron 132 millones 576 mil 366 pesos.
La respuesta a dicha observación que envía la Secretaría de Hacienda es que durante el 2020 se entregó a las universidades algunos recursos. A la UACh se le dieron 71 millones 466 mil 963 pesos con 67 centavos y a la UACJ un importe de 31 millones 967 mil 319 pesos con 79 centavos.
Sin embargo esta observación es recurrente, pues en el ejercicio fiscal 2018 se determinó una diferencia de 175 millones 690 mil 198 pesos con 16 centavos.
Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Chihuahua aún espera que la Secretaría de Hacienda le entregue 262 millones de pesos.
En cuanto a los pasivos a PCE se abrió a petición del Congreso del Estado una auditoría forense, como parte de la cuenta 2020, que va encaminada a determinar la conciliación de cifras entre entes deudores y PCE, a fin de conocer las razones del porqué no coinciden las cifras, pasivos y cuentas por pagar.
Ahora esta es una auditoría transversal ya que una de las razones por las que hay diferencia es porque algunos de los entes no reconocen los recargos, ello a pesar de que existen convenios y el reglamento del servicio médico que establecen las condiciones de cómo se pagan las cuotas. Así como el mecanismo de cobro del diferencial médico.
Respecto al pago a cuentas individuales por el orden 73 millones de pesos, se revisará si PCE tenía atribuciones para destinarlos a un adeudo distinto al concepto por el cual fue pagado.
La auditoría además busca la determinación de probables responsabilidades en contra de servidores públicos por acciones u omisiones relacionadas con el entero de las retenciones de las cuotas de los afiliados y del pago de las cuotas patronales o aportaciones y la forma en que PCE recaudó el recurso y el destino que le dio.
Durante las próximas dos semanas se continuará analizando la información de los entes que está dentro de la auditoría, luego ellos tendrán 15 días hábiles para responder los señalamientos.
El auditor señaló que en tiempos normales se tendría hasta el 15 de diciembre para entregar conclusiones, sin embargo se entregará el resultado en cuanto se tenga a fin de dar recomendaciones, ya sea de reformas legislativas o normativas que se requieran, así como definiciones jurídicas.
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