El director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, junto con otros directivos, serán denunciados esta semana ante el Órgano Interno de Control (OIC) por presunta corrupción en la entrega de contratos de concesionarios a una empresa.
Óscar Ernie Orozco Perea, abogado representante de 220 permisionarios de taxis en el aeropuerto, anunció que prepara una serie de pruebas para levantar la denuncia contra el marino, quien funge como presidente del Comité Interno de Contratación, Tarifas y Crédito de los Servicios Aeroportuario, Complementarios y Comerciales (Cocosa), y otros funcionarios por presuntas irregularidades en la contratación de servicios.
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De acuerdo con el abogado, que se desempeñó como subdirector de bb hasta julio de 2022, el Cocosa entregó un contrato a Sociedad de Permisionarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (SPASA) para la prestación del servicio de transporte, empresa que, dijo, se tomó atribuciones que no le corresponden.
Explicó que SPASA entregó un documento donde presuntamente era respaldada por más de cien permisionarios que formaban parte del Sitio 300, empresa que fue desalojada de la terminal en octubre pasado por un adeudo de unos 60 millones de pesos.
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En un contrato celebrado el 13 de noviembre, el AICM arrendó espacios a la empresa para el servicio de transporte por una contraprestación de 283 mil 500 pesos más IVA, y cuotas de mantenimiento de 22 mil 680 pesos, esto por un periodo de tres meses.
Al respecto, Orozco Perea acusó que la terminal capitalina entregó Tarjetas de Identificación Aeropuerto (TIAs), que dan los accesos a las instalaciones federales, a los integrantes de la empresa 15 días antes de celebrarse el contrato, lo que consideró una irregularidad y un riesgo para el aeropuerto. Asimismo, señaló que desde entonces SPASA ha retirado a permisionarios de las operaciones en el AICM por considerarlos deudores, esto al ser parte de Sitio 300, con la que la terminal tiene un conflicto desde 2020 por el pago de derechos y contraprestaciones vencidas.
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El abogado señaló que estos pagos fueron omitidos por los representantes legales de la empresa de taxis, encabezados por Sergio Andrade, pero que los permisionarios pagaron puntualmente sus cuotas. De acuerdo con el abogado, la empresa SPASA, cuyo apoderado legal es Gerardo Gallardo Ortiz, fue creada “a modo” por la actual directiva del AICM. Recordó que el pasado 20 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a informar sobre la razón por la que el AICM otorgó la concesión de servicio de transporte a SPASA y la retiró a otras empresas, lo que, subrayó, no ha sucedido.
El pasado jueves, Velázquez Tiscareño informó que dejará la dirección general del AICM a partir del 16 de marzo y reconoció que uno de los pendientes que deja es el de las demandas contra los taxis Sitio 300, por presuntas irregularidades y adeudos. Orozco Perea reconoció que asistió al OIC para saber si hay una denuncia en su contra, así como a la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos actos de corrupción en su gestión dentro del AICM y como director jurídico en la Sedatu, en el sexenio pasado, vinculado a la “estafa maestra”, pero, dijo, no hay acusación.
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