Como parte de esas investigaciones que prometió hace unas semanas la ministra Norma Piña, en el Consejo de la Judicatura Federal se pondrá a discusión esta semana el caso de una jueza que, con aparentes presiones de altos mandos del Poder Judicial de la Federación, violó los principios básicos legalidad, para evitar que funcionarios de alto nivel del SAT fueran procesados por desacato judicial.
Se revisará, quizá este mismo miércoles, que la actual Jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Blanca Alicia Ochoa Hernández, además de los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito de esa misma jurisdicción, avalaron sospechosamente resoluciones que absolvieron a colaboradores de Antonio Martínez Dagnino, a pesar de que ya existía una sentencia previa definitiva que los sometía a un proceso sancionatorio.
Desde el 1 de marzo de 2022, como parte del juicio de Amparo Indirecto 1437/2014, el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, encabezado entonces por Jorge Luis Barrera Martínez, concluyó que funcionarios de la Administración Central de Fiscalización Internacional del SAT incurrieron en desacato de una suspensión judicial que los conminaba a disponer de medios tradicionales, como las visitas presenciales, para notificar a los contribuyentes los actos y resoluciones relacionados con la contabilidad electrónica; lo anterior en sustitución de las notificaciones vía buzón tributario.
De acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Amparo, las faltas cometidas por los funcionarios ameritaban una multa de 50 a 500 días de salario mínimo, la destitución del cargo que actualmente se encuentran desempeñando y la inhabilitación de tres a nueve años para ocupar otro cargo en el servicio público. En los casos más extremos, la legislación establece una pena también de tres a nueve años de prisión.
El personal de la Secretaría de Hacienda no contaba ya con recursos para librarse de una sanción, pero vino una orden para sustituir al Juez Barrera Martínez, y para colocar en su Juzgado a Blanca Alicia Ochoa Hernández, una jueza que, por este tipo de resoluciones que faltan a la legalidad, se encuentra incluso en la mira de los consejeros de la Judicatura cercanos a la Cuarta Transformación.
En poco tiempo, el 16 de mayo de 2023, la recién llegada juzgadora emitió una nueva resolución sobre el expediente de Amparo Indirecto 1437/2014; en la que, sin sustento legal, se eliminaron las faltas por desacato. Además, asegurando que el SAT ya no utilizaba en ese momento el buzón tributario, la jueza dio por cumplida la sentencia que otorgó en su momento la suspensión. Se trata de un asunto en el que se violaron preceptos constitucionales y tratados internacionales, pues es claro que un mismo suceso no puede ser juzgado en dos ocasiones, mucho menos cuando lo hace exactamente el mismo órgano juzgador, aunque se trate de un juez diferente que, ignorando completamente actos pasados, cambia por completo el sentido de su fallo.
Columna publicada en El Sol de México
