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IRAPUATO. El 1 de julio de 2020 tres sujetos llegaron al centro de rehabilitación contra las adicciones Buscando el camino a mi recuperación.
Iban por una persona de nombre Francisco y al no encontrarlo dispararon 87 balas que mataron a 27 personas e hirieron a otras seis. Los tres tiradores están detenidos, sin embargo, a un año del crimen ninguno ha sido sentenciado.
Fue alrededor de las 17:00 horas que los tres hombres armados irrumpieron en el anexo ubicado en la comunidad de Arandas, municipio de Irapuato. Cuando les dijeron que Francisco no estaba, uno de los agresores hizo una llamada. “No está”, le dijo a quien le contestó del otro lado de la bocina, tras un par de minutos, asintió con la cabeza y colgó. Entonces les dijo a sus dos cómplices que la orden era matar a todos los hombres que hubiera en el lugar; 24 murieron en el sitio y tres más cuando recibían atención médica, seis sobrevivieron gracias a que se hicieron pasar por muertos.
Jesús Morales y Mayra López eran los padres de Jesús, un adolescente de 16 años que fue internado en ese centro de rehabilitación tras haber iniciado el consumo de drogas mientras estudiaba la secundaria. Durante el último año ambos lidian con la ausencia de su hijo y la falta de justicia por su crimen.
“Ha sido un año en donde las audiencias para conocer la sentencia se han suspendido por diferentes razones, unas que porque hubo cambios de jueces, otras que porque volvieron a cambiar de abogados y mientras tanto el tiempo pasa y nosotros no vemos el castigo a los culpables”, señaló Jesús Morales en entrevista con Organización Editorial Mexicana.
La noche del 5 de julio de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó que había detenido a los tres principales implicados en el crimen.
Un día después fue la audiencia de vinculación a proceso de Jesús Emmanuel N, alias El Jordan, quien fue detenido apenas el 20 de junio junto con María Eva Ortiz, madre de José Antonio N, alias El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima.
Durante la audiencia se dio a conocer que los otros dos detenidos estaban en una reunión ante un juez federal, pues al momento de su captura portaban armas de fuego de grueso calibre.
El Jordan siguió la audiencia desde una oficina del Centro de Readaptación Social de Irapuato, pues por la contingencia sanitaria no se pudo llevar de manera presencial. Ahí, el detenido escuchó la formulación de imputación en la que se le señalaba como presunto coautor de la masacre.
En esa audiencia, el representante de la FGE presentó 29 indicios para reforzar la acusación de que El Jordan era el presunto coautor de la masacre, pero el más fuerte fue el testimonio de un joven sobreviviente, quien fue el que relató cómo ocurrió el multihomicidio.
Al llegar al anexo, los tiradores subieron al segundo piso donde estaban los dormitorios de los hombres y los obligaron a acostarse boca abajo, caminaron entre ellos y comenzaron a dispararles, uno a uno; él se hizo el muerto y por eso sobrevivió.
El sobreviviente dijo que vio a los atacantes y los reconocería porque se descubrieron el rostro cuando estuvieron interrogándolos. Uno de los tres agresores fue descrito como delgado, moreno, de boca grande, que tenía tatuajes en cuello, dedos, manos y brazos y quien además traía el cabello pintado de azul, eso bastó para arrestar a Jesús Emmanuel N, El Jordan, que cuando fue detenido junto con la madre de El Marro, 10 días antes de la masacre, tenía el cabello teñido de azul.
Otro testimonio clave fue el de una mujer originaria de Celaya. Ella es esposa del dueño de una barbería donde trabajaba Jesús Emmanuel N y relató que ese 1 de julio, el presunto implicado les dijo por la noche que si lo dejaban quedarse unos días en su casa, cosa que aceptaron pues tenían amistad con él.
La misma mujer relató que mientras estuvo en su casa, Jesús Emmanuel N se tiñó el cabello de negro, pues lo traía pintado de azul; la mujer lo sabía, pues le prestó un traste verde de ella para que pusiera el tinte, objeto que también forma parte de las pruebas.
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ATAQUES NO PARARON
Nicolás Pérez Ponce, presidente de la asociación civil Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, señaló que a un año de la masacre ocurrida en el anexo de Irapuato los ataques a estos lugares continúan.
“Hay miedo porque no sabemos a quién más le pueda tocar. Por eso queremos que las autoridades sepan quiénes somos y dónde estamos para poder operar con seguridad, dijo”.
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De acuerdo con un recuento de El Sol de Irapuato, después de la masacre del 1 de julio del 2020 ocurrieron al menos otros seis ataques contra estos establecimientos que han dejado un saldo de 12 personas asesinadas.
Los propietarios de los anexos aseguraron que en el último año tampoco han encontrado eco en sus demandas de regularizar a estos lugares para que haya un padrón real, sepan quiénes los operan, en dónde están, pues durante 2020 de los 13 centros que fueron atacados en Guanajuato, 12 eran clandestinos.
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