Puebla.- Elementos de la Guardia Nacional ya operan en Puebla, en municipios con problemas de robo de combustible que conforman el Triángulo Rojo, reconoció el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Fernando Manzanilla Prieto.
“Podríamos decir que ya están funcionando, aunque no hay una ley reglamentaria de la Guardia Nacional, la cual deberá estar aprobada por el Congreso a lo mejor en tres meses; a partir de ello se hablará formalmente”, dijo.
Tras asistir al desfile cívico militar de la Batalla de Puebla, el funcionario comentó que en zonas huachicoleras hay presencia de policía militar y naval, pero evitó especificar en qué municipios y cuántos elementos se han instalado.
Respecto al enfrentamiento entre marinos y criminales en Xicotepec, en el tramo tres del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, que dejó como saldo un elemento muerto y otros tres heridos, Fernando Manzanilla aseguró que el grupo huachicolero que opera en el municipio proviene de San Martín Texmelucan.
Tras el ataque, dijo que diez personas, seis camionetas y seis armas largas fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
URGEN ANALIZAR OPERACIÓN
Por otra parte, el PAN en el Senado urgió a que en parlamento abierto se analicen las leyes secundarias para la operación de la Guardia Nacional, ya que mientras elementos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal han iniciado operaciones en labores de seguridad y protección ciudadana, aún no existen las leyes que rijan su actuación ante la sociedad mexicana.
La senadora Kenia López Rabadán dijo que “hasta el día de hoy no existen iniciativas que permitan iniciar el procedimiento legislativo, por lo que hay que recordar que derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (26 de marzo) de la reforma constitucional por la cual se crea la Guardia Nacional, el Congreso de la Unión cuenta con 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de dicho decreto para expedir la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y de 90 días naturales para expedir la Ley Nacional sobre el Registro de Detenciones y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Igualmente, aprobar reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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