CIUDAD DEL VATICANO. Nuevas medidas, en este caso un “Motu Propio”, es decir un documento papal, para frenar la grave crisis mundial de los abusos sexuales, y sus encubrimientos por parte del clero.
Sin embargo, cabe señalarlo de inmediato, no existe la obligación de denunciar estos delitos a las autoridades civiles, si las leyes nacionales en vigor no lo prevén. Los obispos que indagan sobre un cura pederasta pueden pedir información a personas o a instituciones civiles que estén en condiciones de suministrar elementos útiles a la investigación.
En síntesis, existe la obligación de denunciar inmediatamente un caso de abusos o de encubrimiento, únicamente a las autoridades eclesiásticas, lo que ya representa un nuevo y significativo paso adelante en la batalla contra la pedofilia clerical. El documento es un especie de resumen de la cumbre sobre los abusos llevada a cabo en febrero pasado.
Por su parte, la colaboración con la policía o la magistradura local sigue siendo un elemento discrecional que el Vaticano ha preferido dejar tal cual como ahora. Por ejemplo, en este contexto tampoco esta previsto que los archivos diocesanos sean eventualmente puestos a disposición de la autoridad civil que esta investigando sobre un sacerdote acusado de abusos sexuales.
Asimismo, se descarta la posibilidad (como pedían las asociaciones de víctimas de abusos) de instituir una especie de tribunal interno para evaluar las responsabilidades pasadas de los obispos que han transferido de una parroquia a otra a curas pedofilos, con el fin de no crear escándalos, siguiendo las indicaciones vaticanas.
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