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Impera corrupción en cárceles mexicanas; reos pagan por comida o ir al baño

Dos de cada cinco internos en prisiones mexicanas han sido víctimas de actos de corrupción en algún punto desde su arresto hasta su encarcelamiento, revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

El órgano autónomo presentó ayer los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, aplicada a 64 mil 150 personas recluidas en 338 centros penitenciarios de los ámbitos federal, estatal y municipal. La encuesta –primera en su tipo que levanta el Inegi– es representativa para 211 mil internos en todo el territorio nacional durante el año 2016.

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Las estadísticas revelan que la corrupción es un mal que permea en el sistema penitenciario mexicano así como en los de procuración e impartición de justicia. De acuerdo con los datos, esta práctica se presenta sobre todo al momento de la detención, pues 27 de cada 100 encuestados fueron víctimas de algún acto de corrupción cuando fueron arrestados.

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Asimismo, de cada 100 internos, 15 denunciaron prácticas corruptas cuando fueron presentados ante el Ministerio Público, seis durante su proceso judicial y once una vez que pisaron la cárcel.

El Estado de México y la capital del país son las entidades con el mayor porcentaje de personas privadas de la libertad que fueron víctimas de actos de corrupción con 57.9% y 56%, respectivamente.

Pagan hasta para ir al baño

En la cárcel todo cuesta. De acuerdo con las estadísticas, durante 2016 casi 23 mil de los 211 mil internos tuvieron que dar un pago ilegal en dinero, bienes, regalos o favores a cambio de recibir algún permiso o beneficio particular.

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El 66.4% de las personas que recurrieron a esta práctica lo hizo para exentar el pase de lista, 50.2%, para tener aparatos eléctricos y 42.4%, para cambiarse de celda.

Hay quienes también pagan ilegalmente para obtener cosas tan elementales como agua potable (35.1%), servicios médicos, psicológicos o escolares (28.9%), comida (28.7%), una cama y cobijas para dormir (26.4%) e incluso para utilizar el baño (22.8%). Un 17% también lo hizo para recibir protección.

El 87.4% de las víctimas reportó pagar a los custodios y 36.1% también a otros internos.

La corrupción es mayor en las prisiones administradas por los gobiernos locales: mientras que dos de cada cien personas recluidas en un centro federal reportó dar un pago ilegal a cambio de un beneficio, lo mismo hicieron 12 de cada 100 personas privadas de su libertad en cárceles estatales y
municipales.

Otros maltratos

La ENPOL 2016 identifica cuatro etapas por las que un interno pasa desde su arresto hasta su encarcelamiento, y en cada una los datos son alarmantes.

En primer lugar está el arresto. En esta fase, las estadísticas revelan que dos de cada cinco internos fueron aprehendidos sin orden de detención ya sea en la calle o en otro sitio. Además, un 75.6% sufrió algún tipo de violencia psicológica por parte de la autoridad y un 63.8% fue víctima de agresiones físicas que fueron desde patadas o puñetazos hasta lesiones con armas de fuego y violaciones sexuales.

En una segunda etapa, el detenido es presentado ante el Ministerio Público. Sobre este punto, las cifras muestran que solo siete de cada diez personas fueron informadas sobre el motivo por el cual las acusaban y apenas una de cada cinco pudo ejercer su derecho de contactarse con un abogado.

Durante la tercera fase, el proceso judicial, destaca que 43.4% de la población privada de la libertad que se encontraba en proceso de ser sentenciada, había permanecido recluida durante más de dos años.

Finalmente, en lo que se refiere a la cuarta etapa, la reclusión, la encuesta revela que 45.6% de los internos compartió su celda con más de cinco personas y 33.2% fue víctima de algún delito estando en prisión.

La mayoría de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios durante 2016 son jóvenes (68% tiene entre 18 y 39 años) y 76% terminó a lo más la secundaria. Asimismo, una cuarta parte ya había sido juzgada penalmente por otro crimen.

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