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¿De qué se le acusa al exgobernador Roberto Borge?

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo es buscado por la justicia federal, luego de que un juez federal ordenara su aprehensión por la adquisición con prestanombres de terrenos del Estado a precios subvalorados.

Borge Angulo debe responder por la compra de una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya quintanarroense. Ambos delito serían producto de presunto lavado de dinero.

Un juez del Estado de México libró el jueves pasado la orden de aprehensión contra el ex mandatario priísta y otros cuatro presuntos implicados por el delito de lavado de dinero durante su administración, con base en la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, consignada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Además de Borge Angulo, las aprehensiones fueron giradas también contra Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del mismo instituto.

También se habría ordenado aprehender a María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, todos relacionados en la operación de la empresa “Barcos Caribe” en su modalidad de prestanombres.

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Según los antecedentes del caso, el diario Reforma, explicó que una de las vertientes de la acusación es la venta de 24 inmuebles del Gobierno de Quintana Roo a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial a integrantes del círculo cercano a Roberto Borge y sus familiares.

Se trata de terrenos de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel, rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE (en la gestión de Romanillos y Herrera) y que tienen un valor comercial de 5 mil millones de pesos, según la PGR.

Diez de los inmuebles no eran susceptibles de venta por tratarse de reservas naturales, y otros cuatro fueron adquiridos por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador, quien no fue consignada en este expediente.

El 24 de febrero, la SEIDO aseguró los bienes, que quedaron a disposición del Ministerio Público federal.

Otro aspecto del lavado que se imputa a Borge y sus presuntos prestanombres es la inyección de recursos a la naviera “Barcos Caribe”, que opera una flota de ferris de pasajeros entre Cozumel y Playa del Carmen.

La empresa la administran Pinelo Nieto y González Hermosillo, quienes, para las autoridades, no tienen capacidad económica ni los antecedentes en el giro para justificar inversiones de millones de dólares en la compra de embarcaciones.

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El titular de la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal, reveló la existencia de una nueva denuncia por el desvío de mil 800 millones de pesos que, dijo, fueron transferidos de manera extraordinaria desde la Secretaría de Finanzas y Planeación a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) durante el ejercicio fiscal del 2016, en el último tramo de la administración de Roberto Borge Angulo.

Se trata de entregas adicionales al presupuesto anual que le era asignado a la Sedaru, las cuales se diluían a través de supuestos programas de apoyo al campo quintanarroense.

Mediante este esquema, pudieron desviarse hasta 5 mil millones de pesos entre el 2013 y el 2016, aunque aún resta por aplicar las correspondientes auditorías a los años 2013 y 2014.

Una primera denuncia por el desvío de mil 500 millones de pesos ya había sido interpuesta en semanas pasadas, por lo que el monto de los recursos desviados sólo entre el 2015 y el 2016 alcanza los 3 mil 300 millones de pesos.

“Son recursos que están cuestionados una vez que se concluyeron las auditorías, y lo pongo en estos términos por prudencia y por preservar al máximo la presunción de inocencia y las garantías de los implicados”, refirió Rafael del Pozo.

En total la FGE ha iniciado 23 denuncias contra ex funcionarios, entre ellos el propio Borge, por cargos que van desde la venta del patrimonio inmobiliario hasta el despojo de terrenos, departamentos y hoteles en Cancún y la Riviera Maya, incluido Tulum.

Actual gobernador destaca combate a corrupción

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, declaró ayer sábado que su compromiso asumido desde la campaña es combatir la corrupción de gobiernos anteriores que benefició a unos cuantos intereses particulares, privilegiados, a costa de la calidad de vida de la mayoría de la gente, y por ello se ha coordinado con la PGR en las investigaciones contra su antecesor, Roberto Borge.

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, sería buscado por la justicia federal, luego de que un juez federal ordenara su aprehensión por la adquisición con prestanombres de terrenos del Estado a precios subvalorados.

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Al respecto, Joaquín González dijo que su gobierno ha realizado desde meses atrás investigaciones serias que parten de diversas irregularidades encontradas en administraciones previas, entre ellas la venta del patrimonio inmobiliario del estado a un precio mucho menor del que tendría en el mercado y a favor de personas vinculadas con servidores públicos del gobierno previo, y la adquisición ilegal de la una línea naviera por parte del ex gobernador Roberto Borge.

“La corrupción del pasado no hace sino ahondar la desigualdad en la sociedad quintanarroense, al dejar a los gobiernos estatal y municipales sin recursos para atender las necesidades de las personas”, abundó en relación a la orden de aprehensión contra su antecesor Roberto Borge y expedida juez federal del Estado de México.

Subrayó que se ha colaborado en mesas de trabajo e investigación de campo, y con base en ello, el Gobierno del Estado presentó denuncias en contra de Roberto Borge y diversos servidores públicos, información que se compartió con la PGR, con la que se ha trabajado de manera estrecha y coordinada y cuyo expediente ahora integra las investigaciones del Gobierno que encabeza.

“Como me comprometí con la gente en la campaña, mi gobierno lucha en contra de la impunidad que caracterizó a los gobiernos previos. Impunidad que no es sino la profunda desigualdad de las personas frente a la ley, porque a los poderosos no se les aplicaba, permitiéndose sus abusos. Mi gobierno luchará porque los responsables de delitos, en particular servidores públicos, vayan a la cárcel, y también para que se recuperen los bienes que fueron robados”, puntualizó.

Finalmente, Carlos Joaquín recalcó que las acciones del gobierno, los recursos públicos, se deben orientar a generar más y mejores oportunidades en beneficio de la calidad de vida de la gente y de esa forma disminuir la desigualdad que es el principal problema de Quintana Roo.

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