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Promueve CNDH acción de inconstitucionalidad contra Ley de Réplica

  • Redacción El Sol de México
  • en México

Hugo Hernández / El Sol de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción
de inconstitucionalidad contra la Ley Reglamentaria del Artículo
6º, párrafo primero, de la Constitución, en materia del derecho
de réplica.

La CNDH estima que la ley en materia de réplica no cubre con
los estándares constitucionales que sobre el derecho a la libre
manifestación de ideas y el propio derecho de réplica garantiza
la Carta Magna, además de que genera incertidumbre jurídica en
los destinatarios de la norma. La Ley del Derecho de Réplica
señala como sujetos obligados a las agencias de noticias, a los
medios de comunicación, a los productores independientes y a
cualquier otro emisor de información responsable del contenido
original, sin que en este último caso precise qué se debe
entender por “cualquier otro emisor de información”.

Lo anterior, permite una interpretación tan amplia que
cualquier persona pudiera ser sujeto de las obligaciones de la ley
de réplica y, por lo tanto, de sus consecuencias y sanciones.

Ese mismo vicio de constitucionalidad provoca incertidumbre, no
solo respecto de los generadores de información, sino también en
las personas afectadas por la información difundida, ya que para
poder acudir ante un juez a ejercer el derecho de réplica, se
requiere previamente haber exigido la reparación ante el sujeto
obligado.

Esta falta de certeza sobre los sujetos obligados imposibilita
al posible afectado acceder por esta vía a la restitución de sus
derechos.

También se considera que, al establecer multas sin que se
indiquen los parámetros de individualización de la sanción entre
el monto mínimo y máximo, la Ley del Derecho de Réplica hace que
el encargado de imponer la multa aplique de manera discrecional la
cuantía de la misma, debido a que no tiene referente ni criterios
legales para aplicarla, lo que contraviene la Constitución al no
dar certeza ni certidumbre jurídica a la persona sancionada.

A partir de los planteamientos que la CNDH ha presentado ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta llevará a cabo el
análisis de la Ley y, como máximo intérprete del bloque de
constitucionalidad, podrá fundar su resolución de validez o
invalidez, con base en la violación de cualquier precepto de la
norma suprema, de conformidad con el artículo 71 de la ley que
rige el procedimiento de las acciones de inconstitucionalidad, con
fin de que todas las personas tengan certidumbre en cuanto al
alcance de la ley y la aplicación de sus sanciones.

Conviene precisar que, si bien es cierto que existe el derecho
de réplica, éste debe coexistir con la libertad de expresión y
la ley relativa no debe significar una expectativa de riesgo para
el ejercicio armónico de ambas prerrogativas, puesto que deben ser
ejercidos en función del principio de interdependencia, es decir,
que debe existir un equilibrio en el ejercicio de ambos
derechos.

La CNDH, en el ámbito exclusivo de su competencia, permanecerá
atenta a la aplicación de la Ley en materia del Derecho de
Réplica, con el fin de evitar abusos y aplicaciones arbitrarias
que inhiban o limiten el ejercicio de la libertad de expresión y
el propio derecho de réplica, ambos derechos fundamentales con que
cuentan todas las personas.

Cabe recordar que los servidores públicos deben estar sometidos
a un escrutinio más amplio, con base en los criterios y
estándares internacionales que al respecto se han emitido.

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