Gobernadores de Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo, plantearon al Senado de la República reformas al sistema de justicia penal que no permita que delincuentes no salgan libres ni gocen de impunidad.
Fue una mesa interinstitucional con la Junta de Coordinación Política, en la que el gobernador de Oaxaca destacó que el Estado mexicano carece de efectividad en contra del crimen organizado. “Hay que decirlo fuerte y claro, México no puede seguir combatiendo a la delincuencia desde una posición de pasividad y desventaja’’.
Alejandro Murta Hinojosa dijo que “se trata de darle dientes al Estado, se trata de pasar de la pasividad a la acción, de la defensiva a la ofensiva; se trata de tener una nueva ley y de que no sea letra muerta’’.
Denunció que en la práctica, desde el lado de los gobiernos estatales, o el mismo Gobierno Federal, las fiscalías y las procuradurías se han encontrado con la dificultad, que el lugar donde se debe ejecutar una orden de aprehensión o de cateo, “existen informantes’’, incluso dentro de las instituciones.
Murat Hinojosa se pronunció por el rescate del ministerio público, por redimensionar el peso de la denuncia anónima, ampliación temporal de las medidas de protección a víctimas, por las detenciones en flagrancia, la prisión preventiva oficiosa “que bajo ninguna circunstancia debe de ser revisable’’.
También por el aseguramiento de los vehículos que utiliza la delincuencia, por el ingreso a domicilios en persecución en flagrancia, por información protegida por secreto bancario, por la implementación de la prueba anticipada cuando se traten menores de edad y en la investigación de delitos contra la mujer por razón de género.
Mientras el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez narró que una vez que se detiene a las personas y se llevan ante los jueces para iniciar un proceso penal; “por diferentes razones encontramos muchos casos de impunidad; la puerta giratoria, lagunas legales, huecos legales. Tenemos un problema de impunidad que es necesario contener y comenzar a resolver de un modo definitivo; igual que exista la figura de prueba anticipada, en el caso particular de menores de edad o delitos sexuales’’.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, recordó convenios para perseguir delincuentes con la autoridad de Oaxaca; “vimos cómo la policía ministerial, la policía del estado batalló para detenerlos; los llevó ante los jueces y sin ningún problema volvieron a salir. Buscaron todas las artimañas, conocen ya bastante bien los procedimientos penales locales, federales, y lograron escabullirse. La medida cautelar la incumplieron, tenían que regresar a firmar. Se sienten con un manto de impunidad y volvieron a delinquir’’.
A su vez, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses considero absolutamente necesario, para todos, para el Gobierno de la República y para los gobiernos de los estados, hacer ajustes que no van en contrasentido de lo que significó la reforma penal, pero sí la posibilidad de un mejor sistema de justicia, que responda más y mejor a las actuales expectativas.
Porque la principal coincidencia de todos es proteger los derechos de las víctimas y permitir una mejor investigación, persecución e impartición de justicia, con instrumentos procesales que hagan posible el imponer sanciones a los delincuentes, todo bajo el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
Al evento asistió el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, quien llamó a no debemos omitir el aumento de la impunidad, de la corrupción, ineficacia e ineficiencia reflejada en la falta de credibilidad de las autoridades que procuran e imparten justicia, lo que genera un ambiente de incertidumbre para todos los mexicanos.
En los últimos años, hemos visto el deterioro de nuestro sistema de procuración de justicia, y lo que merma el ambiente de negocios y el sano desarrollo de las personas de nuestro país, dijo.
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