Un juez federal declaró inconstitucional el decreto presidencial por el que se ordenó la disminución escalonada del uso del herbicida glifosato y la eliminación del maíz transgénico del país, resolución que será impugnada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La decisión de declarar inconstitucional este decreto fue del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien otorgó un amparo a la empresa Monsanto, inventora del herbicida, que se quejó sobre las acciones que se ordenaron en el decreto del presidente López Obrador a diversas dependencias federales para eliminar estos productos antes de 2024.
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Al respecto la Semarnat manifestó su desacuerdo por la sentencia del juez Francisco Javier Rebolledo Peña al asegurar que “con argumentos engañosos, Monsanto busca desconocer el principio precautorio, el cual México ha adoptado en diversos convenios y leyes”.
En su resolución el juez consideró que era procedente conceder el amparo a Monsanto debido a que el decreto, publicado el 31 de diciembre de 2020, no fundó ni motivó las decisiones adoptadas en él, pues no se exponen las circunstancias particulares basadas en evidencia científica, ni razonamiento específico para concluir que el uso de glifosato es nocivo para la salud y que el maíz transgénico afecta la seguridad y soberanía alimentaria.
Pese a lo anterior es de especificar que la decisión del juez no es definitiva, pues sólo beneficia a la empresa privada transnacional.
En respuesta la Semarnat aseguró que el juez “no tomó en cuenta el perjuicio a la salud de las y los mexicanos por el uso de este herbicida, lo cual está demostrado en investigaciones médicas y científicas. Por lo tanto, la Semarnat impugnará mediante un recurso de revisión, completamente sustentado que deberá resolver un Tribunal Colegiado, para lo cual se cuenta con un plazo de 10 días”.
Además, aseguró la dependencia que encabeza la secretaria María Luisa Albores, este decreto da continuidad a la larga lucha de la sociedad mexicana por reconocer al maíz como patrimonio biocultural “que nos da identidad e impedir la introducción de variedades genéticamente modificadas que permiten su apropiación a través de patentes y deterioran el reservorio genético que se ha construido a lo largo de miles de años”.
“Hoy no podemos dar un paso atrás en nuestra obligación de salvaguardar la vida, velar por un medio ambiente adecuado y conservar la biodiversidad. Por ello, mantenemos y seguiremos apelando al Principio de Precaución para la formulación e implementación del Decreto”, señaló Albores.
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