A casi dos años del asesinato de Uriel Loya Deister, presidente de Coparmex en Parral, la Fiscalía General del Estado ya ubicó a dos de los responsables de los hechos como objetivos prioritarios para su captura, esto luego de que en el 23 de septiembre de 2018 lo privaran de la vida.
Se trata de Antonio Leonel C. “el 300” o “el Bin Laden” que se encuentra investigado por el homicidio del joven empresario de Parral y quien además es segundo al mando de la Gente Nueva dentro de la región sur, sólo por debajo del Ruperto S. “el 37”, hermano de “el Flaco Salgueiro”, actualmente detenido.
Si bien es cierto que el responsable de accionar el arma no fue Antonio C., se tiene establecido que serían dos pistoleros de esta célula criminal quienes se apersonaron la tarde del domingo en el restaurante de mariscos en Parral, donde accionaron el arma en repetidas ocasiones para privarlo de la vida.
En la lista que concentra la Fiscalía General del Estado, dentro de la región sur del estado, están dos presuntos involucrados del grupo de la Gente Nueva del Cártel de Sinaloa, como son Antonio y otro personaje a quien identificaron como César Ulises R. “el 309” o “el Cabezón”, ambos integrantes de la misma célula criminal.
Aunque aún no se ha determinado el motivo por el cual decidieron perpetrar el ataque armado contra el presidente de Coparmex, desde 2018 se inició una investigación para detener a los presuntos responsables de haber orquestado el homicidio y por lo cual se generó una inconformidad nacional por atentar contra el joven empresario.
Ambos personajes no son originarios del estado de Chihuahua, Antonio “el 300” es originario de Sinaloa y César Ulises de Culiacán, Sinaloa, pero conforme se fueron integrando a la célula criminal del cártel de Sinaloa, cambiaron su domicilio al municipio de Parral donde se encuentran dirigiendo los negocios ilegales de este grupo criminal.
“El 300” de Parral, como lo conocen en el ámbito del crimen organizado, es uno de los responsables de dirigir el robo de pipas de combustibles en la carretera a Parral, así como el robo de vehículos en retenes, enfrentamientos armados y otros delitos por los cuales se han generado investigaciones, como secuestros, tráfico de drogas, entre otros.
Es de mencionar que al momento que se dio a conocer del homicidio del presidente de Coparmex, varios sectores, principalmente empresariales, alzaron la voz para pedir justicia y que se resuelva este hecho, por lo cual a casi dos años de los hechos existe una orden de aprehensión, pero ninguna captura.
El fiscal general del estado, César Augusto Peniche dio a conocer que actualmente se buscan a los objetivos prioritarios del estado de Chihuahua para hacer justicia por los homicidios de Uriel Loya, la periodista Miroslava Breach y la niña Alondra, que han sido casos que han lastimado a la sociedad y que han causado indignación incluso en el ámbito nacional.
De la escena del crimen de Uriel Loya, sólo se tiene un video que captó el establecimiento donde ocurrieron los hechos, donde se muestra cómo arriba el joven en una pick up de color negro, posteriormente se emparejan dos sujetos a bordo de una motocicleta y comienzan a disparar en repetidas ocasiones en contra del joven, quien en instantes perdió la vida en el lugar.
El fiscal general dijo que la estrategia de captura de objetivos prioritarios se basa en la colocación de 45 carteleras que muestran el rostro de esos presuntos criminales, y fueron distribuidas en toda la entidad, para facilitar la denuncia ciudadana sobre el posible paradero de esos objetivos.
Ejemplificó la importancia de la colaboración de la sociedad para combatir la delincuencia son las recientes detenciones de “El Iraquí”, “El Mocho” y “El Freddy”, que se lograron gracias a la información aportada por las y los chihuahuenses, quienes son catalogados como presuntos responsables de los crímenes más relevantes y sentidos por la sociedad chihuahuense.
Esta estrategia se acordó en el Grupo de Coordinación para la Reconstrucción de la Paz, en donde participan autoridades estatales, municipales y federales, “son personas que todavía están sustraídas de la acción de la justicia, pero que con la ayuda de la ciudadanía vamos a dar con ellos, no tengo duda de ello. La tarea de la seguridad es responsabilidad de todos”, señaló.