Chihuahua, Chih.- La audiencia de vinculación o no a proceso en contra de María Eugenia C. G., María A.S. y Rodrigo de la R. R. estaba agendada a las nueve horas del martes 30 de marzo; sin embargo, por una serie de inconvenientes se decretó una suspensión de la misma, hasta el 31 de marzo en punto de las siete de la mañana.
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Sin embargo, antier a las nueve horas más de 300 manifestantes, encabezados por el abogado Óscar Castrejón de Morena, tomaron el exterior del Tribunal Superior de Justicia del Estado para pedir la vinculación en contra de los “exduartistas”, por lo que iniciaron un plantón permanente hasta conocer la resolución del juez.
Con el paso de las horas, el grupo se redujo a 100 inconformes, quienes incluso durmieron al exterior del TSJ, en espera de la audiencia a las 7 horas del miércoles 31 de marzo y permanecieron durante todo el día hasta la madrugada del 1 de abril, hasta que el juez de control emitió su pronunciamiento con respecto a las acusaciones que mantenía la Fiscalía General del Estado en contra de los exdiputados.
Por más de 20 horas continuas de audiencia, tanto el cuerpo de abogados como los integrantes del Ministerio Público debatieron sobre las pruebas para fincar o no responsabilidad a los tres exlegisladores, con el objetivo de integrar mayor información y descartar la que no se había sustentado ante el tribunal.
La audiencia formalmente inició poco antes de las 8 horas de la mañana, el cuerpo de la defensa de María Eugenia C.G. solicitó incorporar al ex procurador general de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, al cuerpo de abogados de la alcaldesa con licencia, lo cual fue aprobado por el Poder Judicial.
Para las 11 horas, la defensa del exdiputado Rodrigo de la R.R. presentó como testigo para declarar a su favor a Gerardo Lerma Sánchez, chofer del exlegislador de 2013 a 2016, quien habló ante el tribunal sobre si conoció o no de supuestas cajas con dinero que trasladó de la Secretaría de Hacienda.
En el interrogatorio dijo que trabajó para el Congreso del Estado durante este periodo, pero aclaró que nunca vio ni trasladó alguna caja de color blanco que supuestamente contenía dinero y aseguró que el sólo él estaba habilitado para trasladar al exdiputado y su secretario particular, Axel Alfredo Lozoya.
En la voz del abogado Pedro Gómez Ibarra, expresó ante el juez que su defendida no aprobó la bursatilización que pidió el exgobernador, como ha venido planteando la Fiscalía General, toda vez que incluso en uno de los decretos se encuentra la firma de la diputada América Agilar Gil y no de María Eugenia Campos.
En la audiencia de vinculación o no a proceso presentó el acta de la sesión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del 6 de julio de 2016, en la que se discutió la aprobación del dictamen de la iniciativa por medio de la cual el gobierno del estado de Chihuahua solicitaba autorización para llevar a cabo la bursatilización de los recursos que le correspondían y que tenía derecho a recibir la empresa de participación estatal Fibra Estatal Chihuahua SA de CV como fideicomisaria en tercer lugar del Fideicomiso número 80672.
El defensor destacó que este dato de prueba acredita que Maru Campos Galván ya no fungía como diputada y su lugar como secretaria en la Comisión ya era ocupado por su suplente, Paloma Aguirre.
Por otra parte, en la audiencia el juez de Control, Samuel Uriel Mendoza, desechó el audio entre el secretario del Ayuntamiento César Jáuregui Moreno y el testigo protegido Jaime Herrera Corral, donde aseguraba que el Operativo Justicia para Chihuahua estaba fabricado, entre otras declaraciones que presuntamente fueron manipuladas.
Los ministerios públicos denunciaron que el defensor de la alcaldesa de Chihuahua con licencia falseó en la elaboración de un documento: una entrevista realizada al actual secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, pues en la fecha y hora que señala que se practicó la entrevista, tal abogado se localizaba en el Tribunal cotejando el expediente frente al juez. La respuesta del abogado fue que se proceda contra él y que afronte las consecuencias de sus actos.
Luego de analizar el dato de prueba donde la Fiscalía indicó que se había elaborado de forma ilícita por una violación a los derechos fundamentales como testigo, además de que fue grabado sin su consentimiento ni su conocimiento, exponiendo los datos como testigo protegido de dicho caso.
“Quieren prohibir la posibilidad para que contienda como la futura gobernadora del estado de Chihuahua, vamos con la Adelita hasta donde llegue, pedimos que no vincule a proceso a ninguno de mis representados, no hay elementos suficientes”, comentó el abogado Pedro Gómez Ibarra.
