Un total de seis personas se han acogido a un criterio de oportunidad con la Fiscalía General del Estado (FGE) tras aceptar que recibieron recursos ilegales del exgobernador de Chihuahua, César Horacio D. J., a través de lo que se ha llamado “nómina secreta”, de la que se han recuperado 20 millones de pesos.
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El primero en regresar el recurso ilegal fue el exdiputado de Movimiento Ciudadano, Fernando R.R., quien en junio de 2017 aceptó haber recibido dos millones 400 mil pesos como un apoyo que le había brindado el exmandatario. Tras enfrentar un proceso penal por esto, decidió regresar la totalidad del dinero.
También decidieron acogerse a ese recurso el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando C.A., quien tuvo que aceptar la responsabilidad de los hechos y regresar cuatro millones 300 mil pesos para terminar las investigaciones en su contra. El edil se registró hace unos días como precandidato a la gubernatura por el partido Morena.
Javier Horacio C.O., otro más en la lista de la “nómina secreta”, entregó 10 millones de pesos y aceptó colaborar con las autoridades tras ser notificado de las investigaciones en su contra.
Según explican abogados penalistas, el criterio de oportunidad es una figura que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales con el propósito de no ejercer acción penal en contra de un imputado que haya cometido algún ilícito, y a cambió debe aceptar su participación en un delito, salda la reparación del daño y proporciona elementos e información para que se pueda imputar a alguien de mayor importancia o jerarquía en una investigación penal.
También se han aproximado tres mujeres quienes recibieron cerca de tres millones 200 mil pesos durante la administración de César Horacio D.J., dos millones 200 mil pesos, poco más de 500 mil pesos y 500 mil pesos, respectivamente.
En ese periodo, dos eran dirigentes de partidos políticos en el estado y la otra era una diputada local.
El total aproximado del desfalco por la “nómina secreta” es de mil millones de pesos, según la Fiscalía del Estado, en pagos registrados entre 2011 y 2016. No fue sino hasta la detención del exmandatario chihuahuense en Estados Unidos que se procedió a su investigación.
El gobernador Javier Corral explicó en su momento que el tema de la “nómina secreta” se había mantenido suspendido, para evitar filtración de información de los posibles responsables, pero tras los señalamientos del mandatario en contra de la alcaldesa de Chihuahua, el día 14 de julio, varios de los involucrados optaron por acercarse a las autoridades para rendir declaración de los hechos y otros tramitaron amparos para evitar detenciones o conocer sobre la existencia de algún expediente en su contra.
A la presidenta municipal capitalina, María Eugenia C. G., quien según la investigación recibió cerca de 27 pagos por aproximadamente 7.1 millones de pesos entre 2014 y 2015 se le ofreció acogerse al criterio de oportunidad, pero ella lo rechazó, al igual que el secretario del ayuntamiento capitalino, César J. M., quien según la Fiscalía, obtuvo cerca de dos millones de pesos cuando fue diputado local.
Además, la FGE solicitó también el desafuero del senador de Morena, Cruz P.C., acusado de haber recibido cerca de dos millones de pesos.
El senador también rechazó acogerse al criterio de oportunidad, por lo que antes de ser procesado deberá enfrentar el proceso de desafuero en el Congreso de la Unión.
Quien se encuentra en calidad de prófugo de la justicia es el hermano del exgobernador, Sixto D.J., quien también recibió resursos de la “nómina secreta”.
Fue hasta la captura del exlíder juvenil nacional del PRI, Cristopher J.B., el pasado 5 de noviembre, que seis personas acudieron a aceptar el criterio de oportunidad y reconocieron haber recibido dinero, por lo que realizaron la reparación del daño para evitar un juicio en su contra.
La Fiscalía General del Estado ha logrado acreditar que 120 personas recibían pagos de entre 100 mil a 500 mil pesos del exgobernador.
